Luis Enrique Ortiz
Se ha de sentir muy gacho que tu propio jefe te tenga que enmendar la plana en público, resolviendo un problema político internacional causado por quien debería estar concentrado en resolver entuertos y evitar que surjan nuevos.
Pese al alto número de asesinatos de periodistas en México, no se ha demostrado que los gobiernos de la auto denominada Cuarta Transformación, tengan que ver de manera directa con la represión a la prensa, pero una muy reciente reforma legal, le da al gobierno del estado la facultad de meter personas a la cárcel, incluidos periodistas, faltaba más.
Como si el jefe no tuviera broncas que domar a diario, lo vienen a poner como el líder de un estado represor en pleno mes de la libertad de expresión y en el contexto de la vileza gringa contra Julián Assange, todo ello por las recientes reformas al artículo 167 del Código Penal de Sonora, que te puede meter a la cárcel tan sólo por compartir con tu pareja o con cualquier otra persona la imagen de un cadáver humano.
La corresponsal en Sonora del diario El Universal, Amalia Escobar, documentó el 15 de junio de 2022 el repudio a la reforma que adiciona un artículo 167 Quater: “Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Article19 expresan su rechazo al decreto 40 emitido por Francisco Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora, publicado en el boletín oficial del lunes 6 de junio del presente”.
Las conductas que castiga este decreto son tantas, que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la misma, en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar, añade.
La iniciativa, presentada por la diputada de MORENA, reelecta, Alicia Vargas Gaytán, fue hecha pedazos en público el pasado 14 de junio, por el abogado y ex presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras, pero con todos los errores señalados pasó todos los filtros que pone el Congreso para que una reforma llegue para su discusión al pleno. Incluso el filtro de la Consejería Jurídica.
Si la hubiera presentado alguien del PAN o del PRI, incluso de Nueva Alianza o del Verde, no llamaría tanto la atención, pero la presentó la mayoría que se dice de izquierda y defensora de los derechos humanos y las garantías individuales, en el Congreso Local.
Lo peor es que al responsable de que esas cosas no sucedan, se le fue el mayate con todo y hebra, pues no se dio cuenta de que una de sus diputadas estaba cabildeando para votar en el pleno, una ley de censura que además penaliza la libertad de expresión en el Estado Libre y Soberano de Sonora.
La brillante idea de la diputada de Caborca, dice así y así está en el Código Penal, pues ya se aprobó y publicó, como marca la ley, dice así:
“Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el calor diario de la unidad de medida y actualización”.
Una vez hecho el daño de la lealtad e ingenuidad caborquense, el progresista gobierno de Sonora, quedaba manchado de autoritarismo, no había otra cosa que dar marcha atrás de la manera más diligente, oficiosa y eficaz posible, para no afectar la imagen de un gobierno que no es lo que se esperaba, pero sí es mucho mejor que lo que había, porque eso estaba podrido, es más todavía “jiede” a descomposición en muchas oficinas del Ejecutivo.
Ante ello, el hasta entonces invicto Secretario Jurídico del gobernador Durazo y uno de sus principales operadores dentro de la pasada y presente legislatura, Adolfo Salazar Razo, salió a dar la cara a la prensa diciendo que la adición al Código Penal, si era lo que se decía, pero que no fue aprobada para reprimir ni censurar a nadie, sino para castigar a malos servidores públicos, como si las leyes y más en materia penal, fuesen de aplicación selectiva. (https://proyectopuente.com.mx/…/castigo-a-quien…/).
O sea que pensaban dejarla así, con una explicación de “la bronca no es contigo”, cubrir con el polvo del olvido la pifia que les movió el tapete a todos en Palacio de Gobierno.
Es por ello que, al siguiente día, el gobernador personalmente y en persona, debió salir a dar la cara para darle línea al Congreso de que se debe derogar el 167 Quater y especificar que las medias penales sólo serán aplicadas a servidores públicos.
Qué bueno que el Ejecutivo refrenda, como lo publicó el 7 de junio en sus redes sociales, su compromiso con la libertad de expresión dando para atrás a la referida reforma, no le hace que para eso también tenga que intervenir en el Congreso Local y además por medio del Salazar Razo.
Sin duda el grandote sigue gozando de la confianza de su jefe, pero se me hace que una más y acaba… con la paciencia del mismo, con lo cual se alejaría la pluri local y mucho más la Secretaría de Gobierno, cuando Álvaro Bracamontes, su actual titular, deba ir a arreglar el desmadre que hay en la Secretaría de Educación y Cultura. Pero ese es otro tema, que pronto esperamos analizar.
Por cierto, la reforma ya es ley, aguas compañeros periodistas, no los vayan a querer empapelar en vía de mientras. Porque por más inmoral que parezca, en Sonora las personas pueden ir a la cárcel por compartir imágenes en redes sociales o por cualquier otro medio, al parecer con excepción del pensamiento.
