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La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, propuso este domingo que el testimonio del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción se realice no más tarde del 1 de noviembre, rechazando la petición de su defensa de retrasarlo hasta marzo del año que viene.
La oficina de Baharav-Miara aseguró en un documento judicial recogido por el medio The Times of Israel que aplazar el testimonio de Netanyahu equivaldría a congelar la causa durante ocho meses.
“El interés público (…) es que se complete el proceso criminal y se alcance un veredicto. Retrasar la finalización del proceso causa un daño sustancial al público”, aseguró la oficina.
Se espera que el Tribunal de Distrito de Jerusalén celebre una audiencia el martes para decidir si acepta o no los argumentos de la defensa del mandatario.
La semana pasada, los abogados de Netanyahu pidieron al tribunal que no tuviera que testificar hasta marzo de 2025, ya que “en la realidad actual, en la que se requiere a la defensa preparar al primer ministro para ofrecer testimonio en medio de una guerra, el periodo necesario (…) es mucho más largo” de lo habitual, según la solicitud.
Netanyahu está acusado desde 2019 de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción y se le imputa la recepción de regalos a cambio de favores y supuestos tratos de favor para recibir una cobertura positiva de los medios sobre él y su familia.
El proceso comenzó en mayo de 2020, pero quedó en segundo plano en 2022 y casi no tuvo peso en la campaña para los comicios del 1 de noviembre de ese año, tras los que el mandatario volvió al poder con el gobierno más derechista de la historia de Israel.
Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y el comienzo de la guerra en Gaza, la causa quedó paralizada y sólo se retomó a finales de año con una vista en la que se escucharon varios testimonios sobre las acusaciones contra el político.
En caso de ser declarado culpable con condena firme, Netanyahu debería dimitir, pero mientras dure el juicio podrá mantener el poder. La ley israelí marca que un ministro debe dejar su puesto al ser acusado, pero esto no se aplica a un jefe de gobierno.