Los consumidores de energía eléctrica no sólo son sujetos privados, también incluyen gobiernos, entre ellos, los municipales, los cuales aportan por concepto de alumbrado público y por consumo en edificios de su propiedad.
Por Leonel Luna Estrada
Los ingresos de los hogares en México se han visto afectados durante las últimas semanas debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, cuyas secuelas económicas han dejado a miles de trabajadores sin empleo.
Los especialistas en salud aseguran que todavía faltan algunas semanas. Dicen que esto podría concluir en el mes de julio, agosto o hasta septiembre. Lo cierto es que mientras transcurra la pandemia hay cientos de personas que perderán su trabajo, lo que complicará el panorama económico.
A la fecha hay 346 mil personas que fueron despedidas por sus empresas, de acuerdo con datos del IMSS. De éstos, más de 55 mil viven en la Ciudad de México. Si sumamos a las personas que se dedican a la economía informal, que por la pandemia han sido obligados a cerrar sus negocios y empresas para guardar la cuarentena, seguramente esta cifra será mayor.
Ni qué decir de quienes día a día se ganan su salario y que por necesidad tienen que salir a trabajar, pero por el COVID-19 su actividad productiva se ha visto totalmente disminuida. La situación económica no es fácil. También están quienes trabajan desde su hogar y continúan recibiendo un salario. Todas ellas y ellos tienen un común denominador: tienen que pagar servicios.
Actualmente, por la pandemia de COVID-19, muchas familias están en casa, por lo tanto, tienen un mayor consumo de energía eléctrica. Todos han visto modificado su patrón de consumo y, por lo tanto, hay un incremento en sus gastos.
La energía eléctrica es necesaria para realizar diversas actividades y más ahora que pasamos mayor tiempo en casa por la cuarentena. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una compañía altamente social y puede evaluar la posibilidad de condonar los pagos de este servicio, hasta que la situación por el nuevo virus sea superada en nuestro país.
¿Por qué no?, preguntaríamos. Hay países a nivel mundial que han decidido apoyar a la población. Por ejemplo, en Francia el Estado ordenó suspender el pago de las facturas de luz, mientras Panamá otorgará una reducción del 50% en la tarifa eléctrica a los usuarios que consuman hasta 300Kwh, que representan un 70 por ciento.
Bolivia es otro país de América Latina que ante la emergencia de COVID-19 rebajará las tarifas de algunos servicios, entre ellos, la luz y el gas; en tanto en nuestro país. Quintana Roo pagará la energía eléctrica a quienes llegan hasta 250 kw/hora por mes. Todo dependerá del avance de la pandemia.
No se trata de un pretexto para dejar de pagar por el servicio, estamos ante una situación extraordinaria que necesita de todos, y la CFE que suministra el servicio de energía a 98.75 de la población en el país, puede garantizar el servicio y dispensar el pago durante esta dura etapa.
Las familias deben prepararse de la mejor forma para sortear la contingencia y los gastos de alimentación, salud e higiene son la prioridad en estos momentos, ello no lo debemos perder de vista.
Actualmente, CFE tiene 40.6 millones de clientes, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8%, durante los últimos diez años, el uso doméstico representa el 88.57 por ciento.
Los consumidores de energía eléctrica no sólo son sujetos privados, también incluyen gobiernos, entre ellos, los municipales, los cuales aportan por concepto de alumbrado público y por consumo en edificios de su propiedad.
Un informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) titulado América Latina y el Caribe ante la Pandemia de COVID-19, destaca que los efectos de la pandemia traerán una pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría aumentar 3.5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza extrema se incremente 2.3 puntos porcentuales. “Mayores deterioros de los ingresos implicarán aumentos aún mayores de la pobreza”, resalta.
Seguramente habrá familias que ya no tienen los suficientes recursos para cumplir con el pago de sus servicios, ya sea porque están desempleados, sus negocios cerraron o no tienen clientela para ofrecer sus servicios.
Quizás los programas de apoyo que ofrece el gobierno podrían ayudar a estas familias, pero también requieren de un apoyo inmediato para hacer frente a sus servicios. Si de por sí la pobreza agobia a algunos pueblos de nuestra región, ahora la pandemia amenaza aún más su sobrevivencia. La CFE podría poner su “granito de arena” ante esta emergencia.
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