Fernando Gutiérrez / R. Dossier Político
Si la Fiscalía General de la República continúa aplicando el criterio de oportunidad y cediendo derechos extralegales a testigos protegidos como periódicos en la esquina, habrá escasez de brazaletes electrónicos muy pronto, ironiza el jurista sonorense.
“Es preocupante que la FGR este desjudicializando el combate a la corrupción y politizado cada vez más la justicia y que al Presidente Andrés Manuel López Obrador no le expliquen -con la honestidad profesional requerida- los alcances jurídicos ni las consecuencias políticas de la aplicación de los criterios de oportunidad”, agrega el penalista.
La Fiscalía General de la República (FGR) esta desjudicializando el combate a la corrupción y politizando cada vez más la justicia al advertirse que está abusando peligrosamente de la figura del testigo protegido o colaborador (criterios de oportunidad), en perjuicio de una justicia real, imparcial y apegada a los principios de máxima publicidad y transparencia.
Así lo consideró el abogado y jurista sonorense, Marco Antonio Andrade Aguirre, al referirse a la reforma constitucional de 2008 que instituyó en materia penal los criterios de oportunidad como un instrumento conciliatorio y de reparación económica inmediata del daño causado a las víctimas y ofendidos de un delito.
Añade que la figura de testigo protegido o colaborador no está contemplada constitucionalmente como un derecho del acusado sino como una facultad discrecional del Ministerio Público o la FGR, por lo que en algunos casos va en contra del principio de reparación del daño al ofendido, en los casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya, contra la sociedad y el país.
“Actualmente, el criterio de oportunidad tiende a utilizarse como un recurso de impunidad o revancha política, por lo que la FGR esta pervirtiendo su aplicación a conveniencia propia, sin exigir que los beneficiarios cumplan previamente con la reparación del daño a la sociedad y al erario público y regresen los millones de pesos sustraídos ilegalmente por la estafa maestra o aplicados en campañas electorales mediante la operación zafiro, caso este de Emilio Lozoya, Zebadua o Rosario Robles, respectivamente.
El penalista sonorense señala puntualmente:
“Los altísimos niveles de impunidad penal de funcionarios públicos acusados de actos de corrupción me parece hace inviable e improcedente otorgarles el beneficio del criterio de oportunidad previsto por nuestra constitución y la legislación procesal penal nacional.
Uno de los efectos del criterio de oportunidad es la extinción de la acción penal, por lo que resulta cuestionable que los gobernantes y funcionarios corruptos hayan encontrado en este esquema un atajo procesal para evadir responsabilidades por sus delitos cometidos, entre otros, peculado, fraude, cohecho, ejercicio abusivo de facultades, enriquecimiento ilícito o abuso de poder”.
Urge suprimir las profundas facultades discrecionales de la FGR
En opinión de Andrade Aguirre, es preocupante que la FGR este desjudicializando el combate a la corrupción y politizado cada vez más la justicia y que al Presidente Andrés Manuel López Obrador no le expliquen -con la honestidad profesional requerida- los alcances jurídicos ni las consecuencias políticas de la aplicación de los criterios de oportunidad.
“Eso se evidencia en el hecho de avalar o complacerse de que la FGR este aplicando en forma extremadamente discrecional los beneficios procesales en favor de delincuentes de cuello blanco”, ataja
El jurista dice advertir una mala praxis institucional y una sutil instrumentación de actos de corrupción entre personajes investigados, acusados o procesados penalmente, como el caso de ex funcionarios federales.
Muchos de ellos, prosigue, están acusados de delincuencia organizada, en cuyo caso, el criterio de oportunidad no aplica, al igual que aquellos que afecten el interés público, entre otros, los delitos fiscales, contra la salud o violencia intrafamiliar.
“Me parece que, incluso, cuando un ex funcionario imputado se comprometa a aportar información, documentos o pruebas esenciales para investigar otros delitos más graves cometidos por su superior jerárquico, implícitamente se auto incrimina por nuevos delitos de sustracción de documentos públicos o encubrimiento”, añade.
Como solución a este conflicto de intereses que afecta a la sociedad, Andrade considera urgente legislar la reglamentación del criterio de oportunidad para suprimir las profundas facultades discrecionales de la FGR.
Por otra parte, llama a cancelar dicho beneficio a aquellos servidores públicos que cometan delitos de naturaleza patrimonial o financiera en perjuicio del erario, del país y de la sociedad en general. “Si el criterio de oportunidad continua otorgándose como periódicos en la esquina, habrá escasez de brazaletes electrónicos muy pronto”, ironiza el experto en materia penal.
También lamenta la opacidad jurídica de la FGR en temas específicos en los que claramente se está abusando peligrosamente del testigo protegido o del testigo colaborador en perjuicio de una justicia real, imparcial y apegada a los principios de máxima publicidad y transparencia.
“Creo que al Fiscal General le conviene leer la experiencia contra la corrupción de Baltasar Garzón en España o de Sergio Moro de Brasil en el caso Odebrecht”, concluye el abogado.
