Abel Murrieta
REFORMA
Antes de que lo asesinaran, Abel Murrieta avisó a su cliente, Adrián LeBarón, que necesitaba decirle algo importante. Viajaría a Tijuana para encontrarse con él. Poco después, unos hombres dispararon a Murrieta a quemarropa, mientras él repartía volantes de su campaña a alcalde en Cajeme, Sonora. Para muchos políticos en la Ciudad de México, el asesinato fue una sorpresa, pero una mirada más atenta permite leer este hecho trágico como un evento mucho menos inesperado.
El cuerpo de Murrieta quedó tendido sobre el pavimento. A su lado cayeron banderas y carteles con logotipos de Movimiento Ciudadano. Anunciaba que, como alcalde, iría “en serio” contra la inseguridad, porque “ya no se puede tolerar a políticos corruptos, que dejan impunes a quienes arremeten contra los ciudadanos”.
Murrieta era abogado de la familia LeBarón para el esclarecimiento del asesinato de nueve de sus miembros en Bavispe, Sonora, en 2019. A su muerte no solo la rodea este hecho violento; también hay que mirar lo que ocurre hoy en Cajeme.
Varios reportes de 2020 del gobierno y el Congreso de Estados Unidos apuntan a Sonora como uno de los sitios de México con un riesgo más alto de seguridad. Cajeme, explican esos documentos, está en una ruta de trasiego, especialmente de metanfetaminas y fentanilo, que va de Sinaloa al norte hacia Sonoyta, en la frontera con Arizona.
En los informes del gobierno federal mexicano, en cambio, no hay rastro público de estas alertas. Si uno busca Cajeme en los reportes obradoristas, parecería como si ese municipio fuera un paraje tranquilo, donde el evento más relevante es la compra de un estadio de beisbol, que el gobierno federal reconstruye a través de la Oficina para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México.
Pero la realidad es mucho más sangrienta. En Cajeme operan cinco grupos mafiosos, que trafican armas, personas, drogas y extorsionan. En abril, asesinaron allí a 50 personas. Antes, mataron a 322 entre octubre de 2020 y marzo de 2021.
Hay un registro de 1,155 personas asesinadas en Cajeme desde 2018. La mitad de ellas murieron acribilladas en la calle. No hay datos de enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales, así que la consultora Lantia Intelligence, que monitorea más de 2 mil municipios de México usando datos de fuentes abiertas, lo considera producto de disputas mafiosas.
En abril, Lantia colocó a Cajeme como el principal foco rojo de violencia criminal organizada en México. Esta alerta tampoco se ve en los reportes oficiales. No hubo anuncios de medidas especiales de seguridad, que apuntaran a ese lugar.
El informe de Lantia indica que en Cajeme operan los grupos mafiosos Gente Nueva, Los Costeños, la familia Meza Flores, Los Salazar y Los Páez, a quienes llaman en blogs y redes sociales “el cártel de Caborca”. Lantia considera que el repunte de los asesinatos en los últimos meses está asociado con una disputa entre Los Salazar y Los Páez. Estos últimos, dicen otros informes, son una suerte de empresa criminal de Rafael Caro Quintero, un traficante que salió de la cárcel en 2013 y aún es un objetivo primordial de las agencias de seguridad estadounidenses.
Entre esos grupos mafiosos, asentados en Cajeme, la información pública sugiere vínculos comerciales con traficantes de mayor envergadura, como Ismael El Mayo Zambada. Las noticias recientes sobre Cajeme dan cuenta de un enjambre de grupos y subgrupos que negocian entre sí, o asesinan a sus miembros, que “aprueban” a candidatos y señalan a otros. Pero esto queda en blogs y periódicos locales. “Hay un grave subregistro de la violencia vinculada al crimen organizado”, me dijo el director de Lantia, Eduardo Guerrero.
Me parece alarmante que, solo tras el asesinato de Murrieta, el gobierno federal acepte -a regañadientes- que no todo anda bien en Sonora y que, quizá, hay puntos ciegos en la película de paz que nos contó el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el hombre que ahora pretende gobernar ese estado.
@penileyramirez
