Miguel Ángel Godínez García
excelsior.com.mx
Los tiempos de transición en casi la mayoría de municipios, así como gubernaturas que tuvieron elecciones el pasado 6 de junio están por suceder y con ello empiezan a manifestarse las nuevas fuerzas de muchos de ellos representados por el crimen organizado. La noche del miércoles fue incendiado uno de los establecimientos icónicos del puerto de Acapulco, un comando entró a la discoteca Baby’O, agredió al vigilante, vació bidones de gasolina y le prendió fuego. Afortunadamente, esta discoteca, a causa de la pandemia, se encontraba cerrada, pareciera que más allá de solicitar derecho de piso, como sucede en muchos otros estados, fue el mensaje al nuevo gobierno de su presencia y fuerza criminal.
La importancia de este atentado no sólo se limita a las pérdidas económicas del establecimiento, su importancia radica en que era un sitio que desde 1976 recibía a famosos nacionales e internacionales, políticos, empresarios y todo tipo de personajes que hicieron de Acapulco el sitio turístico más elegido en México. Los delincuentes eligieron el lugar que le dolería no sólo a la sociedad local, sino a la de muchos visitantes que hacían en el puerto la parada obligada a tan conocido lugar.
La realidad de este hermoso puerto vuelve a mostrar la situación trágica de violencia que lleva varios años asolando a ciudadanos, empresarios y propietarios de inmuebles que tenían en Acapulco el lugar predilecto para vacacionar. A unas cuantas horas de que tome posesión la joven e inexperta gobernadora Evelyn Salgado le dan la bienvenida con este atentado. Hechos como éstos suceden en todos los estados, a todos los comercios, en todos los horarios y de parte de cualquier grupo criminal.
Las calles de Playa del Carmen en Quintana Roo están tomadas por estos grupos que ahora comparten con empresarios formales, espacios para hacer negocios de todo tipo. Laura Beristain deja un municipio en donde reinó la impunidad y la violencia, los delincuentes pueden hacer de las playas y las ventanas al mar su territorio para ofrecer no sólo droga, sino mobiliario de playa, bebidas alcohólicas y diversiones acuáticas. La inacción de las autoridades frente a estos hechos es imperdonable, no tienen voluntad ni capacidad para enfrentar las amenazas de estos grupos.
No hacer nada es la estrategia nacional contra el desorden público, lo mismo para contener una violenta manifestación, como para evitar un linchamiento, la estrategia es poner el cuerpo o los escudos porque es impensable defenderse con armas, aunque éstas no sean letales.
Los problemas de seguridad y justicia se agravan cuando un gobierno abandera políticamente con ellos sus causas. El caso Ayotzinapa es un ejemplo de ello, una tragedia que ha dolido no sólo a los padres de los estudiantes, sino a toda una sociedad que se sabe vulnerable frente a la construcción de hechos y acusaciones dependiendo de los intereses de quienes investigan. Los resultados de esta nueva investigación han sido rechazados nuevamente por los padres de los estudiantes porque los resultados de su localización no variaron más allá de 800 metros del lugar antes señalado. Los restos encontrados por esta comisión, encabezada por Alejandro Encinas, evidencian que la verdad histórica, salvo algunos matices que sirven políticamente, es la misma que la que se propone actualmente. Parece que ni para el gobierno federal ni para los padres resulta conveniente cerrar definitivamente el caso.
DE IMAGINARIA
En estados como Chiapas, en donde no veíamos presencia de grupos criminales, la capital ha venido padeciendo la disputa entre el cártel de Sinaloa y el CJNG por el control de la plaza. Carlos Morales Vázquez, quien fue reelegido por los ciudadanos para una nueva administración, cuenta con la voluntad y la determinación de mantener el orden y cumplir como lo hizo a quienes volvieron apostar por él.
