Acoso a periodistas debe tipificarse como delito

El acoso y las agresiones de todo tipo, incluso contra su integridad y su vida, que padecen los informadores, es una constante que prácticamente ocurre desde varios frentes.

Alejo Sánchez Cano

elfinanciero.com.mx

No es asunto menor los asesinatos a periodistas que han aumentado en los últimos tres años, tan solo en 2022 van cinco acaecidos y esperemos que ya no ocurra otro más.

No solo se trata de condenar la muerte de los comunicadores desde el punto de vista humanitario, sino del daño que provoca al régimen democrático en donde la libertad de expresión y el derecho a la información son condiciones indispensables para su desarrollo.

Después de las protestas de los reporteros que cubren las actividades en el Congreso, continuó en Palacio Nacional y luego en varias entidades del país, incluyendo Baja California, con motivo de la visita del presidente a Tijuana.

Desde la Suprema Corte de la Federación, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, se solidarizó con el gremio periodístico al tiempo de advertir que la labor informativa es fundamental para la democracia.

“Quiero expresar de manera muy firme mi respeto, mi solidaridad con los periodistas ante los homicidios que han venido ocurriendo en las últimas semanas”.

“La labor de los periodistas es esencial, informar a la población de todo lo que sucede, generar un debate robusto e informado es fundamental para que las libertades puedan ejercerse. Por ello, los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil”

El propio Jefe del Ejecutivo Federal se ha expresado en los mismos términos, empero se mantiene la beligerancia y la censura contra los comunicadores y en general con los medios de comunicación.

El acoso y las agresiones de todo tipo, incluso contra su integridad y su vida, que padecen los informadores, es una constante que prácticamente ocurre desde varios frentes, por ello, es menester adecuar el entramado jurídico para reforzar su protección, además de vigilar que no quede en letra muerta.

Desde San Lázaro, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para tipificar como delito el acoso a los periodistas, a fin de protegerlos.

Con ese fin se busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que cuando se cometa el delito doloso en contra de algún periodista, persona, instalación física o informática que ejerza el periodismo, se aumenten hasta en un tercio las penas establecidas para tal caso, así como la reparación integral del daño

También a quien obstaculice, impida, reprima la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información o comunicación, y quien incurra en este delito podrá ser sancionado de uno a 5 años de prisión y de 200 a 500 días multa, y si quien fuera el que comete este delito servidor público, se le aumentará hasta el doble de la pena.

Romero Herrera explicó que quien intimide o agreda a quienes ejerzan la actividad periodística; inhiba el ejercicio de libertad de expresión o revele el secreto profesional periodístico y la fuente de su información se le impondrá una pena de 3 a 9 años de prisión y de 500 a 600 días multa.

El legislador informó que su grupo parlamentario entregó una carta a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que “ella pueda rendir un informe y genere las recomendaciones a favor de los periodistas y defenderlos en sus mínimos derechos, ya que nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no lo hace, porque fue una persona nombrada a contentillo, para que precisamente no se metiera con la 4T; ahora nos vamos a una instancia internacional, para que alguien a nombre de los derechos humanos ya hable a favor de los periodistas”.

Dicen los legisladores del blanquiazul que van a defender a los periodistas en su libertad de informar, pero también la libertad de los ciudadanos de estar informados. La pérdida de la democracia es la pérdida de las libertades de los ciudadanos a poder escuchar y dirimir si esto les parece o no, informándose a través de los medios de comunicación.