Luis Enrique Ortiz
El papel de los megaproyectos en su “inexplicable” retraso
Hermosillo, Sonora a 27 de mayo de 2022.- ¿Por qué si todos los mexicanos somos sujetos de derecho, se necesita una reforma constitucional para reconocer como tales a los pueblos originarios de Sonora? Básicamente, porque además de los derechos y obligaciones que tienen como personas por el sólo hecho de serlo, las etnias originarias pueden adquirir derechos y obligaciones colectivas y ejercerlos, ambos a través de sus propios representantes, electos o nombrado de acuerdo con su propia norma.
Una vez hecho esto, se entiende que el patrimonio de cada comunidad como puede ser la Nación Seri, es de su uso exclusivo y que eso incluye sus tierras, aguas y otros recursos, mismos que no pueden ser afectados por terceros sin su consentimiento, es decir: no más invasiones, saqueos, contaminación y despojos amparados en la ambigüedad de las leyes y de la complicidad del Estado.
Ahora el Estado, una vez que una comunidad sea reconocida como persona sujeta de derecho colectivo, está obligado a respetar esa propiedad no privada y contribuir a ayudar a evitar que se privatice. Salvo que la propia colectividad decida vender parte de su territorio, pero tendrá que ser bajo las condiciones de los verdaderos dueños y de acuerdo a sus usos y costumbres.
De esta manera, si los hermanos de las ocho etnias que reconoce la Constitución de Sonora hubiesen sido sujetos de derecho desde antes, tal vez no se hubiese intentado introducir un gasoducto en tierras yaquis, pasando muy cerca de comunidades pobladas y sobre centros agrados y ceremoniales. De haber sido así, un miembro de la tribu no estaría muerto y otro no estaría injustamente encarcelado.
Reformar la Constitución local para que los indígenas de y en Sonora, sean sujetos de derecho colectivo, será sin duda un avance en favor de la justicia negada por siglos a los sobrevivientes de nuestros pueblos originarios.
Pero será también un avance para la propia unidad de las etnias, pues su nueva relación con el Estado deberá dar certeza a todo mundo de que existen sólo autoridades tradicionales electas de manera legítima. El reconocimiento de los pueblos originarios como sujeto de derecho colectivo, podría terminar con las dualidades y usurpaciones en las representaciones tribales como el caso de los mayos, donde hay 20 gobernadores cuando sólo existen ocho pueblos y eso es motivo de división interna, por tanto, de vulnerabilidad. O el caso de los yaquis, los guarijíos entre otros.
Pero no sólo eso, sino que la pretendida reforma otorgaría derechos iguales a hombres y mujeres para votar y ser votada, tanto en sus procesos internos como en los de todos los mexicanos.
Más mujeres gobernadoras, cobanaras, interlocutoras con el Estado mexicano para lo que siga en adelante, eso engloba la propuesta si es aprobada.
Pero lo mejor, sin duda, sería que, bajo este nuevo paraguas legal, político y social, las comunidades y sus pueblos estarían más cerca de ser arropados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su parte medular platea que cualquier cosa que afecte el ejercicio pleno de los derechos del ente colectivo, deberá ser resuelto mediante una consulta libre, previa e informada.
Qué significa eso, pues que, si a los guarijíos se les hubiese consultado de manera libre, previa e informada, tal vez la presa Pilares/Bicentenario, no existiría. Por ejemplo.
El hubiera no existe, pero puede existir, en especial si se aprueba de nueva cuenta la reforma constitucional que fue bloqueada en 2017 por el gobierno priistas de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, para allanarle el camino a los mega proyectos etnocidas como el gasoducto, la presa de marras y a los antojos de la minería depredadora.
Una de las pocas actuaciones decorosas de la izquierda legislativa de Sonora, fue la que realizó el entonces diputado local Juan José Lam Angulo, quien bajo las siglas del PRD, entonces aún un partido progresista, propuso reformar la Constitución del estado, para que los pueblos indígenas de la entidad fuesen considerados como sujeto de derecho colectivo.
Usando a la dirección jurídica del Congreso, Pavlovich Arellano y su secretario de Gobierno, operaron para que la reforma aprobada por los diputados de la LXI Legislatura, no fuese aprobada por la mitad más uno de los ayuntamientos del estado, por lo que vencido el plazo que la propia Ley marca, la propuesta del Chino Lam, hubo de ser abrogada, dejando a yaquis, mayos, seris o guarijíos en la total indefensión legal ante los embates de la corrupción y el neoliberalismo depredador.
La presa Pilares arrasó con una parte de territorio guarijío, con la biodiversidad de su hábitat afectando su forma de vida, cosmovisión y costumbres, tan sólo porque la reforma multicitada no fue publicada por haber sido aprobada sólo por 28 de (al menos) 32 cabildos municipales.
En la comisión de Asuntos Indígenas de la LVIII Legislatura, yace aún sin corregir y tal vez sin ser leída la propuesta casi exacta de Lam Angulo. Es la gran oportunidad para poner al estado a la vanguardia en materia de derechos de las comunidades indígenas y los pueblos originarios.
Ojalá no sólo la coordinadora del grupo parlamentario de MORENA lo entienda y le de la prioridad que el tema merece, pues no debe olvidarse que justicia que llega tarde no es justicia.
Salud!
Uttesi chókore
Lioj enchi Ania
