Luis Enrique Ortiz
En el año de 2017 fue abortada, desde el mismísimo despacho del Ejecutivo estatal, la reforma constitucional que hubiera podido frenar con menos trámites y tal vez menos sangre, los principales mega proyectos que lesionaron derechos y territorio indígena para poder ser construidos: El gasoducto de IEnova, en tierras yaquis y la presa Bicentenario, en la región Makurawe, en los municipios sonorenses de Bácum y Álamos, respectivamente.
El artículo 2 la Constitución General de México reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir su propio destino.
Sin embargo, más abajo el mismo precepto le tira la bolita a los estados y sentencia:
“Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas”.
Es decir, que la única forma que tienen los pueblos originarios en Sonora, de ejercer los derechos que consagra el artículo referido de la Carta Magna, se debe reformar la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Eso ya se intentó en abril de 2017 e incluso los diputados de la LXI Legislatura Local, adicionaron al artículo 21 de la Constitución local, un párrafo que establecía autonomía y patrimonio propios a los pueblos originarios, como su derecho a elegir libremente a sus representantes con sus propias normas.
Sin embargo, la enmienda no cobró efectos constitucionales y hubo que ser abrogada, al no alcanzar la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos de la entidad. Se atribuye al gobierno encabezado por Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, la operación para evitar la probación mayoritaria de los municipios.
El párrafo abrogado decía a la letra: “El Estado reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en sujeción de lo prescrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás Legislación en la materia”.
Uno de los principales tratados internacionales que México está obligado a cumplir, es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, y que garantiza el derecho de las comunidades indígenas a decir de manera libre, previa e informada todo aquello que afecte los derechos colectivos de las comunidades de los pueblos originarios.
Una consulta libre, previa e informada pudo haber frenado la invasión de tierras indígenas, la profanación de centros ceremoniales y la devastación ambiental que provocaron a yaquis y guarijíos, los mega proyectos del gasoducto de IEnova y la presa Pilares/Bicentenario.
Pero no sólo eso, el reconocimiento de derechos a las naciones indígenas obliga a estado, congreso y municipios a destinar recursos multimillonarios al combate de injusticias y rezagos ancestrales, que no están contemplados en las actuales prioridades del gobierno de la 4T y de ningún otro ente político de la entidad.
Por el momento, la iniciativa de reformas en la materia duerme en las suaves olas del receso legislativo, en una comisión de Asuntos Indígenas que al parecer tiene atole en las venas y plomo en los pies, como aquel personaje del Piporro que además tenía plata en el pelo y oro en los dientes: El Minero.
Y es que no es para menos, la reforma le daría armas legales a los pueblos originarios y sus representantes, para luchar contra la minería y otros mega proyectos que afecten los derechos de los descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de que se les conociera como el Estado Libre y Soberano de Sonora.
La comisión no va a la par de la 4T nacional, pese a que tiene mayoría para retomar como base el dictamen que fue abrogado por presiones de los intereses económicos, en 2017. Tal vez está esperando línea para actuar. El partido del gobierno también tiene mayoría en la LXIII Legislatura. ¿Entonces, por qué la lentitud? Justicia lenta no es tal.
Al menos cuatro planes de justicia han aplicado desde el Gobierno de México en beneficio de Yaquis, Seris, Mayos y Guarijíos de Sonora. Pero las instituciones del estado parecen no entender el contexto. La frase de “primero los pobres” sólo tiene sentido si ello se refleja en las prioridades políticas y presupuestales de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de los municipios, donde la abulia es peor, por cierto.
El reumático elefante que reparte el presupuesto ha olvidado y discrimina a muchas comunidades indígenas, a donde sus famosos Caminantes por la Transformación sólo son llevados para la foto.
Urge la reforma constitucional y su entrada en vigor, no hay duda. ¿Existe empatía y voluntad política para ello en el actual régimen? Ojalá que sí, el tiempo pasa y no hay justicia constitucional.
Salud.
