Luis Enrique Ortiz
El 9 de agosto es el Día internacional de los pueblos indígenas, alrededor del 6 por ciento de la población mundial es o se asume como tal, pero son dueños de al menos la cuarta parte del planeta, enormes reservas naturales en constante amenaza debido a la matriz de consumo global del 94 por ciento de la población que no se considera así mismo como parte de una nación o pueblo originario.
La demanda de bienes y servicios, real o inducida, es la principal causa del deterioro de los recursos naturales globales, del calentamiento global y el cambio climático.
Durante el proceso de consumo de agua, tierra y aire para satisfacer el apetito por todo tipo de cosas de las grandes ciudades, los territorios y todos los derechos indígenas se ven amenazados o directamente agredidos por la minería, las actividades agropecuarias, industriales y el tipo de alimentación yori, sin dejar de mencionar a los megaproyectos como la presa Pilares o Bicentenario y el Gasoducto de IEnova, en el caso de Sonora.
Existen nueve etnias nativas en Sonora, aunque el gobierno federal y el del estado sólo reconocen ocho, y nada más atienden a cuatro.
Yoreme Mayo, Yaqui, Guarijío, Comcaác, Pápago, Pima, Kikapú, Cucapá y Ópata son las naciones indígenas que viven en el territorio que hoy es el estado de Sonora. No existe una sola de ellas que no hayan sufrido las consecuencias de la aplanadora del progreso.
La acción directa con los instrumentos legales del Estado logró evitar que un ducto de gas natural siguiera depredando tierras yaquis, profanando sus centros ceremoniales. El pueblo tradicional de Loma de Bácum reclamó a los torpes operadores políticos del gobierno del estado, no haber propiciado una consulta libre, previa e informada, en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El gasoducto fue desviado, pese a la complicidad y violencia ejercida por la administración de Claudia Pavlovich, entonces gobernadora de Sonora, quien apoyó y solapó a grupos violentos dentro de la nación yaqui, para hacer que Loma de Bácum, desistiese de su lucha contra la penetración de gas natural en su territorio. Especialmente por el costo biocultural y de seguridad para poblaciones enteras.
No sucedió lo mismo con la presa Bicentenario, iniciada a finales del sexenio de Guillermo Padrés. Esta fue parte de un coctel de negocios hechos desde el poder por gobiernos estatales emanados de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, a costa de los derechos y el territorio del pueblo Guarijío, pero también de los Mayos, asentados aguas abajo del megaproyecto que dejó sin el vital líquido a muchas comunidades yoreme de los municipios de Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.
Para garantizar el abasto de agua en todas las comunidades yaquis de los municipios de Bácum, Cajeme, Guaymas y San Ignacio Río Muerto, el Gobierno de México construye un acueducto desde la presa del Oviachic, en Buena Vista, al norte de Ciudad Obregón, cuyo costo estimado es de alrededor de 2 mil millones de pesos. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador, el presidente vendrá en agosto a Cajeme para supervisar los avances de la obra.
No se sabe, hasta el momento, de qué manera puntual las comunidades yoreme mayo, tendrán acceso a las aguas del río que lleva su nombre, porque se esa ribera y esas aguas fueron dueños.
El presidente conoció personalmente las carencias del fluido en todos los ocho pueblos yaquis y pese a que esta nación tal vez nunca recupere la navegabilidad que tenía el río, que también lleva su nombre, por lo menos tendrá garantizado el derecho a agua limpia y suficiente.
Sin embargo, AMLO, no sabe lo que es una semana sin agua ni para tomar en localidades como El Huitchaca, Tres Cruces, Buaysiacobe, El Siviral o la Loma del Etchoropo. ¿De qué manera se le va a reparar al pueblo mayo el despojo de su río?
Al pueblo makurawe se le está apoyando con programas de alimentación, vivienda, atención médica y educativa, en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Guarijío, con una alta participación del gobierno del estado, que ejecutará obras carreteras por cientos de millones de pesos, provenientes de la misma presidencia de la República.
De las nueve etnias nativas de Sonora, sólo cuatro (Yaqui, mayo, seri y guarijío) cuenta con un plas de justicia, que integra o está en proceso de integrar estrategias y acciones que benefician de una forma u otra a las personas que habitan en sus comunidades.
No se saben las razones por las que al pueblo mayo no se le atiende con la misma rapidez y diligencia que a otros, pese a ser el más numeroso y que enfrenta, como todas naciones originarias aquí asentadas, carencias ancestrales y todo tipo de injusticias en la actualidad.
Son comunidades con un enorme pasivo histórico en materia de justicia social, agravados por el desempleo y la brutal caída del ingreso durante 2020 y 2021, provocadas la parálisis de la Covid-19, cuya condición podría empeorar debido al acelerado proceso inflacionario que resta poder compra a los pocos que han conseguido emplearse más allá de la industria maquiladora y los monocultivos.
La guerra en Ucrania puede agravar más la condición de pobreza extrema y falta de oportunidades reales en las comunidades indígenas y se quiere medir con precisión no debe dejarse fuera a los mayos, que es donde más problemas existen.
El de los seris o comcaác, fue el segundo plan de justicia anunciado por López Obrador, no deja de ser importante que el propio presidente le encargue al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que vea la forma de aliviar problemas como el abasto de agua, atención a la salud y problemas de ingreso causa de muchos males más.
Sin discutir que pueda haber avances, son muchas las cosas que quedan fuera de lo que se puede llamar justicia, lo que se agrava con el reclamo de desvío de 15 millones de pesos, precisamente para esas obras, y con el descontento que generó la propuesta de renunciar a la actividad cinegética como una entrada de dinero a territorio seri a cambio de declarar zona libre de caza a la Isla Tiburón.
El INPI y la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora no tienen la mejor fama pública dentro de la tribu de las personas de arena, el primero al parecer por promesas incumplidas y visitas de doctor y la otra porque, en ausencia de una instancia indigenista que le funcione al Gobierno del Estado, es el canal de atención para los seris, pero es más usada para promover la imagen de su titular con miras a ser alcaldesa de Hermosillo, Senadora o de plano otra vez diputada federal, lo que el pueblo mande.
Alrededor del 9 de agosto próximo, de seguro habrá muchos eventos que celebran a las comunidades indígenas, no pocos con más folclore que contenido reivindicativo de derechos de las naciones tribales y los pueblos originarios.
