Luis Enrique Ortiz
El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, le entrará al toro de manera directa en el caso del Plan de Justicia Mayo (PJM), estancado y sin resultados debido a conflictos internos propios y otros provocados desde fuera.
Será él -en persona- quien organice la gira presidencial pre anunciada para alrededor del 19 de agosto, lo cual manda un poderoso mensaje de que el camarada Alfonso, no sólo no le sabe muy bien al tema indígena, sino que no tiene quien le opere una gira por la región del Valle del Mayo, donde se han conformado al menos dos bloques de personas que se auto reclaman como autoridades tradicionales de los yoreme mayo de Sonora.
Ni la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS) y mucho menos la Secretaría de Desarrollo Social, han logrado que el gobernador tenga un papel relevante en materia de derechos indígenas y mucho menos que se haya puesto a la par de su contra parte federal, a quienes hay que recocer avances sin precedentes en tierras yaquis y makurawes, principalmente.
El mandatario estará acompañado, la próxima semana, por el director del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, en una serie de reuniones con todos (esperemos que así sea) los hombres y la mujer que reclaman las ocho gubernaturas del pueblo Yoreme Mayo en Sonora, unos por elección de cobanaros, otros que reclaman derecho al linaje y más de uno metido desde el INPI con calzador, el PRI, el PAN, el ex gobernador Guillermo Padrés o MORENA.
El tema es armar una posible visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a algún punto aún no definido de alguna de las cabeceras de los ocho pueblos tradicionales.
Ojalá no se le ocurra a nadie de sus asesores, sugerirle al mandatario sonorense, que el evento se realice en Fundición o Etchohuaquila, por favor esta vez no, porque la formación de una novena cabecera fuera de la liturgia y los cánones tradicionales, es parte del conflicto que hasta el momento se ha vuelto del todo irreconciliable, entre quienes se apegan 100% a la tradición y los que dicen que el pueblo yoreme debe crecer junto con la sociedad y la sociedad de hoy es más igualitaria y democrática.
En el programa original de la gira, la presidencia de la República no había considerado a los mayos, lo que sin duda podría estar relacionado con el nivel de conflictos que han empantanado los avances para la construcción del PJM.
A las razones culturales y estructurales que han originado este estado de cosas, se suma la falta de sensibilidad, oficio político y visión de largo plazo de quienes han sido comisionados por el INPI y el propio gobernador, para arreglar las cosas.
A ambos le han fallado los interlocutores a la hora de armar un consenso que permita trabajar para llevar una justicia, tipo yaqui, a la etnia más numerosa de Sonora, es decir los mayos.
El encono, la división y lucha por el control de la representación de toda la yoremada ante el resto del mundo, ha impedido avanzar de mejor manera y los agentes externos no han hecho más que atizar a la hoguera de tales condiciones perniciosas.
Por un lado, el propio INPI contribuyó a generar un conflicto de los muchos que están en el fondo de las disputas de los principales grupos que reclaman la representatividad de la etnia.
Mucho antes de que se hablase de la posibilidad de un Plan de Justicia Mayo, el gobierno federal avaló la creación de una novena cabecera a los pueblos tradicionales de la nación yoreme asentada del lado de Sonora.
El INPI no sólo propició la creación del pueblo de Cocoraque, con asiento en Etchohuaquila, sino que cedió al grupo del gobernador recién ungido, Victoriano Moroyoqui Buichilime, importantes espacios de poder en la estructura de la propia institución.
Los ocho gobernadores que se reclaman como electos de acuerdo con la tradición, es decir por asamblea de cobanaros, desconocen a Moroyoqui Buichilime y a un grupo de personas autonombrados o que reclaman derechos de sangre como el caso de la gobernadora de El Júpare, María del Rosario Avilés Carlos.
Hasta el momento la estrategia de la división ha funcionado, sea quien fuere que la provoque, porque mientras los mayos mantienen una guerra fratricida, sea por ambición, por visión de corto plazo o por ambas y otros agravantes, los grandes temas como un verdadero desarrollo de la Gente de la Ribera, están fuera de agenda como ese que garantice por fin el pleno ejercicio al derecho humano al agua sana y suficiente.
El agua es todo un tema, pero nadie le pone el cascabel al gato, es ahí donde la falta de un diagnóstico hecho desde las asambleas indígenas se nota más, porque no se está escuchando a la gente.
Una parte del INPI y la CEDIS son parte del problema y cuando se le encargó a la SEDESON atender rezagos en las empobrecidas comunidades mayo, fue más que evidente que los llamados Caminantes por la Transformación sólo fueron un montaje para la foto y fortalecimiento de la imagen candidateable de su titular.
Llama la atención, que, en materia de derechos y justicia indígena, la principal publicidad del gobierno del estado, son los miles de millones de pesos invertidos en los ocho pueblos yaquis, por parte del INPI, la SEDATU, CONAGUA, Secretaría de Salud y otras.
Esto habla de que el tema indígena no es en verdad tan prioritario para la Cuarta Transformación en Sonora, pese a que en casos el de los Guarijíos, le va a dar a las finanzas estatales un enorme respiro con la ejecución de obras sociales muy costosas, como carreteras y otras.
Y debería, porque al Gobierno de México le queda muy poco tiempo para operar planes de justicia indígenas, y el propio Andrés Manuel ha dicho, más o menos así: lo que sigue -en la materia para Sonora- le corresponde ser financiado y ejecutado por el propio Durazo Montaño.
El problema mayo no será fácil de arreglar, se necesita mucho oficio y dedicación para apagar fuegos e iniciar la reconstrucción de una relación política rota, quienes tienen esos atributos al parecer trabajan del otro lado o no le quieren entrar, simplemente.
Pero sin duda es un buen gesto que el propio mandatario, con tantas broncas por resolver, sobre todo en materia de seguridad pública y energía para el desarrollo, se lance casi de emergencia a hacerle la chamba a sus subalternos.
No habrá plan de justicia mayo que luzca, si no es producto de la re unificación de unos y otros, de buenos y malos, de flacos y gordos, de güeros y morenos, bichis o sáncores.
La única tarea que el gobierno debe hacer es crear condiciones para el diálogo entre los inconformes, todos saben que necesitan negociar para avanzar, pero hay intereses que no quieren que así sea y le atizan a la división con la alegría de El Gibarito cuando salió del pueblo.
Ya que se pongan de acuerdo el Estado (en este caso vía Durazo Montaño), deberá proveer los recursos para el desarrollo, pero no deberá meterse en la vida interna de la etnia, esa es su misión, pero esta sólo puede ser producto de una visión nueva y de una nueva relación de respeto a los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios.
Justicia sin autonomía será sólo una moderna forma de asistencialismo y dependencia.
