Luis Enrique Ortiz
Como dijo Héctor Espino, “difinitivamente” no habrá visita del presidente a tierras seris ni yoremes en su próxima gira por Sonora, anunciada hoy para los días 20 y 21 de agosto.
El primer día de la gira, Andrés Manuel López Obrador estará en el municipio de Guaymas, por la mañana supervisará en el Puerto, obras realizadas por la Secretaría de Marina y posteriormente encabezará una evaluación del Plan de Justicia Yaqui, en una localidad aún no definida, pero podría ser Tórim, donde estaba por concluir un camino de concreto construido con recursos locales y federales.
El domingo AMLO viajará a Rosario de Tesopaco y Quiriego, una de las zonas históricamente pobres de Sonora, cuya pobreza ha sido incrementada por conflagraciones como La Pandemia y la guerra en Europa.
El periplo no incluye actividad pública en las ciudades de Hermosillo, ni Obregón, donde pernoctará los viernes y sábado.
Los planes de justicia mayo y seri, serán -sin duda- vistos a la siguiente gira, alrededor del 20 de noviembre, haber si para entonces los hermanos yoremes se ponen de acuerdo y acá en el municipio capitalino y en el de Pitiquito, se encuentre la forma de dotar al pueblo comcaác de agua potable, suficiente y de manera permanente.
La gira, no tocará tampoco temas relacionados con la contaminación del río Sonora y se cancela la visita a Cananea para supervisar su respectivo plan de justicia.
¿Se corrompió una parte de la Guardia Nacional?
La insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en poner a la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene mucho sentido para él y lo justifica diciendo que es para “defender un proceso de cambio en favor del Pueblo”.
En la conferencia mañanera del 9 de agosto, López Obrador daba cifras de porcentaje de aprobación de la Secretaría de Marina (87%), el Ejército (82%) y 74% la Guardia Nacional. ¿Qué?
Barájamela más despacio, ¿la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad más nuevo y caro tiene niveles de confianza muy por debajo de las que tienen las fuerzas armadas de la Patria? ¡Pero cómo!
Sí, el cuerpo de la GN está recién estrenado, pero debería estar impoluto; pues no es así y es por ello por lo que AMLO decide militarizar una institución creada durante su mandato, como en reconociendo lo que no funcionó.
El presidente ha enviado muchas señales en el sentido de que la corrupción de las instituciones civiles es tanta, que sólo la intervención de las fuerzas armadas puede sacar su proyecto de redistribución del ingreso.
Soldados y marinos de la Nación construyen puertos y aeropuertos, escuelas y hospitales, administran puertos y aduanas y en sus ratos libres son los que detienen a generadores de violencias en varios territorios del país, donde otras corporaciones no pudieron o no quisieron hacerlo.
Ninguna otra institución mexicana, incluida la Iglesia, recibe tanta confianza del Pueblo como la Marina y el Ejército. Tiene lógica, que se aproveche ese nivel de aceptación para limpiar a la Guardia Nacional, ya que parece que ese es el propósito, aunque no se quiera reconocer de manera abierta, porque significa asumir un error de estrategia.
Andrés Manuel va a hacer todo aquello que le permitan los marcos legales y dejará a la GN en manos de la SEDENA y tal vez, ahora sí, los niveles de delincuencia puedan reducirse considerablemente.
Ojo nada más, sería lamentable que en aras de salvar a la Patria de repente los medios de comunicación sean supervisados por un coronel en lugar de Jesús Ramírez Cuevas.
Las fuerzas armadas nacionalistas, con compromiso social y conciencia de clase deben ayudar a garantizar la paz que las autoridades civiles no pudieron ni podrá si no se combate a fondo a la corrupción.
Un ejército popular, de pueblo uniformado, debe ser garantía de libertad de expresión, manifestación y lucha y no debe ser usarse contra los movimientos sociales que reivindican justicia social, ambiental, laboral, etcétera.
Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El 9 de agosto es siempre un día especial para los luchadores sociales ligados a la defensa de los derechos indígenas, en México el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas desplegó una serie de eventos especiales para celebrar la fecha, con toneladas de información sobre la política indigenista de la Cuarta Transformación en su faceta federal.
En el caso de Sonora, una vez más quedó de manifiesto que el tema de los derechos indígenas y la amplia agenda a que ello obliga, no son para nada prioritarios para el presente gobierno estatal, o por lo menos no sabe explicarlo.
No sólo no hubo algún evento especial por parte del Gobierno Estatal, sino que muchas de sus dependencias de apoyo a los más pobres de los pobres, ni se acordaron que el 9 de agosto se celebra a los pueblos originarios a nivel internacional.
El apresurado acto realizado por la Secretaría de Educación y Cultura en Punta Chueca, con la comunidad seri, más que de reivindicar derechos universales fue de corte meramente asistencialista. Y no es que el asistencialismo no se nececesite, al contrario.
Del agua potable nada aún y de la visita del presidente en agosto, tampoco.
Pero lo más preocupante, fue la foto que el propio gobernador Alfonso Durazo Montaño, subió a su cuenta de Twitter, con una valla de por medio entré él y una indígena seri que para nada lo mira contenta.
Mientras por otro lado, el presidente Andrés Manuel, celebró desde temprano desde Palacio Nacional, sin vayas de por medio y un nutrido grupo de representantes indígenas, donde por cierto no hubo de comunidades de lo que hoy es Sonora.
Ojalá, el tema de los derechos indígenas, en especial el de la libre determinación, reciba más empatía, preocupación y ocupación de parte del gobierno estatal.
Sonora es la cuna de los planes de justicia indígenas: agua, tierra, territorio y justicia social son los ejes del programa insignia relativo al pueblo Yaqui, donde los avances son enormes, tras una cuantiosa inversión de más de 11 mil millones de pesos del Gobierno de México.
Pero el gobierno del estado no parece muy interesado en cosas que no sean aspirinas asistencialistas, como el programa “Aquí se queda”, que consiste en apoyar con mil pesos mensuales a mil cien familias con problemas de inseguridad alimentaria, incluso hambre.
De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social, en el año 2020, el 20 por ciento de los sonorenses, unos 661 mil personas, “carecían de recursos para adquirir productos de la canasta alimentaria”.
La mayoría de estos son habitantes de los municipios de Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Quiriego, San Ignacio Río Muerto y San Miguel de Horcasitas.
El programa “Aquí se queda”, que para nada debe ser rechazado, sino más bien incrementado, atenderá a alrededor de 5 mil 500 pobres de los más pobres, es decir el 0.83 por ciento del universo total que debería ser atendido para reducir a cero el hambre en Sonora.
La mayor parte de quienes padecen inseguridad alimentaria, 2 de cada 3, son indígenas.
Uttessi chókore!
