Oficio de papel
El pasado 30 de agosto el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, escribió en su cuenta de Twitter: “Tuve una extraordinaria reunión con nuestro Presidente, @lopezobrador_, en Palacio Nacional. El Gobierno del Estado tendrá una participación en la empresa de Litio México, que se instalará en #Sonora, lo que representará una gran oportunidad de desarrollo económico y beneficio para las y los sonorenses. Me confirió la responsabilidad, en esta etapa inicial, de coordinar los esfuerzos para dar continuidad a este proyecto, del cual les estaremos informando. #APasoFirme #TierraDeOportunidades”.
El mensaje no sólo es impreciso sino totalmente erróneo: LitioMx no tendrá participación de Sonora ni de ninguna otra entidad federativa, pues de acuerdo con el artículo 1 del Decreto por el cual se constituye –publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de agosto– se trata de un “organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Litio para México, con el acrónimo ‘LitioMx’, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión”.
Es decir, si el gobernador Durazo fuera a coordinar algo relacionado con LitioMx, eso debería de haberse establecido en el decreto presidencial, pero no se hizo porque no es así, pues al ser organismo federal depende totalmente de la coordinación de la Secretaría de Energía, así que vaya olvidando que le podrá meter mano al presupuesto público destinado a esa empresa del Estado y tampoco a los recursos que genere una vez que produzca.
Otro error que comete el sonorense es indicar que dicho organismo se asentará en Sonora, lo cual es falso. En su artículo 3, el mismo decreto establece que su domicilio será en la Ciudad de México y habrá algunas oficinas estatales en donde se encuentre el litio.
Entonces la empresa que coordinará, administrará y producirá el litio tampoco tendrá participación privada, pues el decreto no lo contempla, y en consecuencia será solo una empresa del Estado, es decir pertenecerá a todos los mexicanos y no de un grupo o consorcio empresarial y mucho menos político.
Lo que sí tendrá LitioMx es un Consejo de Administración, en el que participarán cinco funcionarios de las secretarías de Economía, Hacienda, Gobernación, Energía y Medio Ambiente, algo así como los consejos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
LitioMx arranca operaciones el próximo el lunes y aunque Durazo Montaño haga berrinche y pretenda con mentiras aumentar su popularidad entre sus gobernados, los cierto es que Sonora no puede ser copartícipe de la empresa. Incluso, ya se tiene preparado un piso completo en la Secretaría de Energía, ubicada en Avenida Insurgentes de la capital del país, en donde se albergarán las oficinas de LitioMx.
Todo esto se lo hicieron ya saber al gobernador Alfonso Durazo la semana pasada, después de que saliera de la reunión en Palacio Nacional y lanzara mensajes equivocados en redes sociales, por lo que sería conveniente que el propio mandatario sonorense informara a sus paisanos que se equivocó, que no entendió lo que se acordó, que no leyó el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial y que, por consiguiente, les ofrezca disculpas por las pifias.
Más inversiones en Sonora
Desde que Durazo ocupó la Secretaría de Seguridad en la primera mitad de la actual administración, para todos fue claro que era uno de los secretarios consentidos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además le dio todo su apoyo para que se convirtiera en gobernador de Sonora, sin olvidar que antes de que asumiera la actual administración Durazo también sirvió al gobierno de Vicente Fox, ha militado en cinco partidos políticos (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y ahora de Morena) y ha sido senador y diputado federal.
Esa cercanía con Palacio Nacional, le ha valido que también haya importantes apoyos presupuestales para Sonora. Por ejemplo, Durazo negoció la semana pasada con el presidente López Obrador establecer un corredor comercial que vaya desde el puerto de Gaymas hasta Nogales, lo que permitirá además de la modernización de ese puerto para carga y descarga mercancías, transportarlas por tren o carretera hacia la frontera con Estados Unidos, por la aduana de Tuczón, lo que significa mejorar la economía de la región.
Lo anterior permitiría también fomentar la agricultura y establecer centros de acopio y almacenaje en esa ruta, aumentando la inversión en la zona.
También se aprobó invertir en la construcción de una plantea eólica en Puerto Peñasco, que podría ser la más grande de México y generaría electricidad limpia para abastecer al estado de Sonora.
En la reunión en Palacio también se habló de comprar agua a Tuczón que permita abastecer del vital líquido a Nogales, mientras que a Hermosillo llegaría agua desalinizada para que deje de haber escases.
Cierran investigaciones penales ordenadas por Durazo
Antes de dejar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Durazo ordenó en 2020 abrir sendas investigaciones por supuestas “filtraciones de información de seguridad nacional” en contra de cuatro directivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Dos años después de esa investigación (2022), que provocó la separación de sus cargos de cinco altos mandos del principal órgano de seguridad nacional del país, los expedientes judiciales fueron cerrados este año sin que pudiera acreditarse alguna responsabilidad administrativa o penal por el delito de sustracción de información confidencial, y sólo uno de esos servidores públicos del CNI, Andrés Andrade Téllez, fue recontratado como coordinador general de Servicios Técnicos-CGST.
En las cuatro carpetas integradas por la FGR se investigó si hubo “sustracción de información del CNI, copiándola en dispositivos” (sic), y se concluyó que no hubo tal delito; mientras que al interior del CNI se le asignó el “grado de relevancia alto”, el de mayor importancia en las investigaciones internas, pero también se cerraron los expedientes.
La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA/588/2020 se abrió contra Fernando Torres Torres, un capitán formado en la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional y quien se desempeñaba como coordinador general de la Coordinación de Contrainteligencia.
Otra carpeta correspondió al expediente FED/SEIDO/UEITA/560/2020, integrado contra el abogado y consultor en seguridad pública y nacional Andrés Andrade Téllez, entonces director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Una más fue la FED/SEIDO/UEITA/561/2020 en contra de Ignacio Mendoza Gandaria, hasta ese momento director de Apoyo a la Operación y a quien se le acusa de presenciar torturas contra supuestos involucrados en la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
La carpeta FED/SEIDO/UEITA/562/2020 contra el maestro en finanzas especializado en economía internacional e inteligencia Jorge Retana Yarto, le costó la Dirección de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (Esisen), la institución formadora de cuadros.
El documento del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano se titula “Informe de Asuntos y del Estado que Guardan de la Coordinación General Jurídica”, firmado por el abogado Pedro Salvador Cárdenas Ruelas de la Dirección Jurídica.
