Luis Enrique Ortiz
Hace menos de un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiró la bolita al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para resolver el tema de los -no pocas veces- molestos retenes “yaquis” en Vícam y Pótam, donde grupos de encapuchados y presuntos miembros de la etnia boteaban para tener ingresos por peaje, casi siempre “voluntario”.
En lo personal tengo más de cuatro años yendo y viniendo de Hermosillo al Sur de Sonora y nunca les di un solo peso, por lo que no me dieron más molestia que una que otra mirada matona de vez en cuando.
Los peligrosos eran los de Loma de Guamuchil, no sólo para camioneros y automovilistas, sino para otros miembros de la Nación Yaqui.
Durante casi cuatro años, el gobierno federal dedicó tiempo, dinero y esfuerzo para retirar de la carretera federal número 15, a quienes pedían dinero en el retén yaqui que se ubicaba allá por rumbos de la escultura del danzante monumental, al Norte de Ciudad Obregón, en la cabecera del pueblo tradicional de Cócorit.
Luego de que el gobierno se comprometió a invertir más de diez mil millones de pesos en obras sociales y a cumplir quién sabe que más acuerdos, los violentos de la Loma de Guamuchil accedieron a dar paso libre hace más o menos 3 meses, por instancia del presidente López Obrador y por gestiones de alto nivel del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Pero se les olvidaron los retenes de Pótam y Vícam, “operados” por presuntos yaquis no apoyados por ninguna autoridad tradicional, al parecer.
Ciertamente, más que luchadores sociales, parecían pequeños grupos de lúmpenes, que trabajaban para sus vicios, más que para paliar la pobreza ancestral que sufre la mayoría de los yaquis.
Una denuncia en la conferencia Mañanera del presidente, hace unos días (como si el gobierno federal no pudiera darse cuenta por sí mismo), llevó al mandatario federal a ordenarle en público al gobernador de Sonora la solución del problema.
Y claro que da miedo detenerse en tierras yaquis, pero no por temor a los hermanos indígenas sino a las distintas expresiones del crimen organizado que azuela al territorio cahíta. Asesinatos, levantones, desapariciones, robos, asaltos y otros, son cosa de todos los días en los ocho pueblos tradicionales regados a lo largo y ancho de los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y San Ignacio Río Muerto.
También dan mucho miedo los baches. Miles de metros cuadrados (¿ó cúbicos?) de hoyos y cráteres, deben sortearse antes de atravesar la población de Vícam Swicht, tramo carretero federal ubicado entre dos casetas de peaje oficiales.
¿Va a arreglar el Gobierno del Estado esa parte de la carretera que está peor que las calles de Hermosillo o Ciudad Obregón?
Esperemos que con las medidas de fuerza aplicadas la noche del día de San Francisco Javier, no sólo se recupere el libre tránsito en las referidas poblaciones yaquis, sino en todas las casetas de peaje, antes tomadas por activistas de MORENA y ahora administradas por Caminos y Puentes Federales y con la promesa de Durazo Montaño, de eximir a los sonorenses de un pago que duró años sin realizarse y que de nueva cuenta volvió a ser de a producto de gallina para los gastos de la 4T.
Ojalá que también la presencia de fuerzas estatales sea de tal magnitud y oportunidad para desterrar de la Sierra del Bacatete a las bandas de malandros que luego van y hacen desmanes a Las Guásimas, Tórim, Pótam o Pitaya y que gozan de la impunidad suficiente para esconder en Vícam un camión blindado para acciones defensivas del crimen organizado.
Esperemos que el Gobierno del Estado rehabilite el área de descanso donde se ubica el gran danzante yaqui, cerca de Loma de Guamuchil y que no haya baches en ninguno de los kilómetros de la carretera federal 15 que cruzan una tierra que por decreto presidencial pertenece a la etnia y nadie más que a ellos.
Ojalá que las drogas se vayan de las calles de los pueblos yoemes, junto con los presuntos delincuentes detenidos la noche del 4 de octubre de 2022.
Si no sucede, al menos en poca medida nada de lo anterior, la presunta liberación de la carretera federal número 15, será sólo una medida mediática y efectista, para mandar el mensaje al presidente de que aquí se le obedece y que ni necesidad hubo de echar mano de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional.
Por lo demás, no tendrá ningún valor, porque no se atacan los temas de fondo, ya que sólo se busca ganar simpatías populares sin resolver otras cosas que importan tanto o más que quitar a un puño de viciosos de la multicitada rúa.
Uttessi chiókore!!
PD: Liberación de Fidencia Aldama y presentación de los desaparecidos de Loma de Bácum!
