Luis Enrique Ortiz
El sábado 22 de octubre por la noche concluyó en Hermosillo el primer foro Situación Indígena en Sonora: territorio, cultura, salud y derecho de los pueblos originarios.
En apariencia las cosas no han cambiado mucho respecto a muchos otros foros e indicadores oficiales: pobreza ancestral poliforme que incluye el paquete completo de malnutrición, enfermedad, limitaciones y amenazas para ejercer de manera plena su derecho a la educación, entre muchos otros, en el marco de una migración -forzada o no- pero sin freno desde los territorios y asentamientos de nuestros pueblos indígenas y tribales.
Tal vez la única novedad es que la violencia no oficial ha crecido exponencial mente en zonas indígenas como la Pima o que el consumo excesivo de alcohol y otras drogas asuela a todas las comunidades de casi todas las etnias originarias y las migrantes -bueno también al resto de la sociedad yori- pero la triste realidad parece haberse ensañado con los pueblos mayos y yaqui.
Perdón, se me estaba olvidando otra pequeña novedad que, de ser así, estaría estrenando el actual gobierno del estado de Sonora como represor e ineficiente, al quedar demostrado que, al aplicar la violencia institucional para desalojar la carretera federal de retenes informales, en los territorios yaquis de Vícam y Pótam, fueron detenidos seis albañiles que nada tenían que ver con los referidos puestos de boteo.
Mediante la aplicación excesiva de la fuerza, sin pruebas ni debido proceso, pero sí con mucho odio y racismo, la policía del gobernador cometió actos de brutalidad en contra de personas que nada tienen que ver con las personas que pedían dinero en los improvisados retenes de Vícam Switch y estación Oroz.
Ávido de aprobación, previo a su primer informe, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ordenó el uso de la fuerza para desalojar la carretera, su secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Ríos Sánchez, cumplió y añadió una instrucción: agarren parejo, luego averiguan.
Es así como seis inocentes estuvieron privados de su libertad de manera injusta durante dos semanas, excediendo el plazo constitucional de 72 horas para permanecer detenidos o ser liberados si no hay pruebas en su contra.
La policía cumplió la orden y agarró parejo en la víspera del día del inicio de la colonización europea. El mentado Día de la Raza, que en este caso lo fue del Día de la Razia.
Mario Luna, dirigente indígena, hubo de abandonar temporalmente los trabajos del foro para acudir a recibir a los liberados la noche del 21 de octubre en tierra yaqui. A pregunta expresa, respondió antes de partir, que efectivamente, el gobierno “agarró parejo y cometió una gran injusticia”.
Mientras, de manera casi paralela a la liberación de los yaquis inocentes, Anabela Carlón conmemoraba seis años de la defensa de Loma de Bácum, ante la embestida violenta financiada por Sempra Energy, contra la cabecera que se opuso a la construcción de un gasoducto en su territorio, lo que provocó un muerto y un detenido que actualmente sigue preso.
Aquí la repetición de la tragedia suena a farsa cuando no es difícil inferir que María Dolores del Río usó contra los yaquis de Vícam y Pótam, esencialmente, a los mismos policías que usó Claudia Pavlovich para doblar la insurgencia de los lomeños contra el mega proyecto conductor de gas natural, contra el que una jueza de Ciudad Obregón condenó -básicamente- sacarle la vuelta al territorio yaqui, a sus lugares sagrados y centros ceremoniales.
Y como en su tiempo, la fiscalía se puso de tapete a su tocaya, esta vez Claudia Indira Contreras, titular de la FGJE, hizo lo propio con Durazo Montaño.
Con la torpe acción represora de Del Río Sánchez, la Cuatro T de Sonora, le dio un fuerte golpe a la Cuatro T federal, cuyas instituciones iniciaron la puesta en marcha del denominado Plan de Justicia Yaqui, en el que se pretende invertir al menos 12 mil millones de pesos al final del actual sexenio.
Meses de negociaciones entre altos funcionarios del presidente y personalidades de grupos sociales yoemes, fueron severamente lastimados por el desalojo efectista y elevador de popularidad ordenado por Durazo en cumplimiento de una orden directa de Andrés Manuel López Obrador, desde La Mañanera.
A la larga, la violencia institucional en tierras yaquis, parece convertirse en un “boomerang” para el propio Durazo, pero más que nadie contra la propia María Dolores del Río Sánchez.
La relatoría del Foro, producto de la discusión de sus cuatro mesas: territorio, cultura, salud y derecho, está siendo procesada y será compartida en breve, ya que sea pulida y el comité organizador decida los tiempos y formatos de la difusión del documento final y sus subproductos.
Mientras eso ocurre, lo cual será pronto, sólo quiero decirles que en cuanto a la Situación Indígena en Sonora, no hay novedad.
Antes como antes y ahora como antes.
Fotos de Mario Luna Romero y Anabela Carlón
