Luis Enrique Ortiz
Ante los hechos violentos del pasado domingo 6 de noviembre en Vícam Pueblo, municipio de Guaymas, en los que hubo al menos cinco personas heridas por enfrentamientos entre grupos de yoemes, es menester aclarar que el problema yaqui… es muy delicado.
No se puede descartar, pero tampoco afirmar categórico, que la violencia fratricida se deba a la intervención de poderes con gran poder de corrupción, quien sabe, no hay suficientes pruebas.
El INPI, por su parte, empieza a dar signos de cansancio y algunos maquillajes se empiezan a caer en torno al tema del Plan de Justicia Yaqui, los negocios carreteros y el tema de la potestad de los derechos de los pueblos originarios, por citar algunos.
Sin regatear mérito al hecho de que toda inversión en infraestructura social promueve el empleo y le mete varo a la economía, pero lo cierto es que, si se trata de contribuir a la unificación de los pueblos, actualmente hay más grupos que antes del susodicho plan, con el uso de grupos de choque de los tiempos en que la ex gobernadora Claudia Pavlovich mandaba -garrote en mano- en las comunidades yaquis asentadas en los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y San Ignacio Río Muerto.
¿Y qué creen? El acueducto no estará terminado al concluir noviembre, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador y a pesar de los 12 mil millones de pesos que ha invertido el Gobierno de México en las localidades de los territorios yaquis del sur de Sonora, en su próxima visita López Obrador encontrará mucho más rencor social, que antes del 26 de septiembre de 2021.
El dinero no es la vida y menos cuando no te toca. Las cosas en tierras yaquis se pueden poner incluso más violentas debido a la prevalencia de intereses apoyados por el INPI y el pavlovichismo, en santa alianza.
Siendo muy aventurado, podríamos inferir que el INPI ha sido factor de divisionismo y generación de violencia en Vícam, tal como lo fueron sus similares en su momento, de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, por citar algunos.
Pero incluso si resultan infundados los señalamientos cada vez más frecuentes contra el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por presuntos negocios carreteros, renta de tierras y otras cosillas, queda el hecho irrefutable de que -curiosamente- el acueducto para dotar de agua potable, permanente y suficiente a las casi 40 mil personas que viven todas las comunidades yaquis, no será terminado en noviembre, como lo prometió AMLO hace unos meses, en Vícam, me parece.
Violencia y promesas incumplidas no deben mezclarse y menos cuando todo parecía estar yendo tan bien, con las nuevas políticas públicas hacia los pueblos originarios y tribales de México por parte de la Cuarta Transformación.
El Plan de Justicia Yaqui, fue elaborado en las instalaciones del albergue de Cárdenas, ubicada al sur de Vicam, su proceso de construcción fue todo menos producto de un análisis participativo de los destinatarios del presupuesto.
Tal vez si le hubiesen preguntado a la gente, de la manera más amplia y democrática posible, qué es lo que más necesitan en este momento, muchos contratos de obra no se hubiesen concretado y algunas pequeñas fortunas no existirían. Pero esa es otra historia.
Sin embargo, lo mejor no es lo que está por venir, sino antes todos lo contrario o sea al revés. Al gobierno de AMLO le quedan menos de dos años y por lo tanto a su poderosa comisión presidencial para el tema indígena en la tierra que defendieron con las armas, muchos caudillos yaquis.
Si en el siguiente gobierno federal, no existe continuidad en la forma en que se atiende actualmente a los pueblos indígenas yaquis, mayos, guarijíos y seris quedarán colgados de la brocha a la tutela de las autoridades estatales, las cuales no han mostrado mucho interés por el tema y si lo tienen, ello no se refleja en el presupuesto.
Pero si el próximo gobierno federal decide profundizar las acciones de justicia para los pueblos originarios, deberá hacer una limpia y tal vez llamar a cuentas a quienes manejaron y orientaron el varo corruptor con el cual se provoca división interna y connatos de violencia.
Sea lo que sea, pero está demostrado por lo hechos mismos, todo anterior se puede tomar como conjeturas infundadas, que el Plan de Justicia tal vez chorree algo de arriba hacia abajo, pero no ha podido frenar la violencia interna y/o auspiciada por intereses gaseros, rentistas y acaparadores de agua.
Namakasia!!
