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Según un documento al que The Associated Press el gobierno de Trump dio instrucciones a las fuerzas armadas para apoyar los juzgadores y reforzar su campaña de restricciones contra migrantes
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado a las fuerzas armadas poner a decenas de abogados a disposición del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) para asignaciones temporales cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, las cuales podrían extenderse hasta el próximo otoño, de acuerdo con un documento publicado esta semana y al que The Associated Press tuvo acceso.
“He girado instrucciones para que se identifique colectivamente a 48 abogados y cuatro asistentes legales dentro de su departamento militar que puedan ser adecuados para su asignación” al Departamento de Justicia para actuar como asistentes especiales de los fiscales de Estados Unidos, escribió Hegseth en documento con fecha del lunes, el cual fue enviado a las cuatro ramas de las fuerzas armadas y al jefe del Estado Mayor Conjunto.
En la misiva parece tratarse del más reciente intento de enviar al Departamento de Justicia a abogados militares y civiles que trabajan para el Pentágono, en esta ocasión para dotar de personal a oficinas ubicadas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos o donde se lleven a cabo operativos federales de migración.
En un esfuerzo por separar, el Pentágono también aprobó el mes pasado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para desempeñarse como jueces temporales de migración.
El gobierno del presidente Donald Trump ha regresado cada vez con mayor frecuencia a las fuerzas armadas para reforzar su campaña de restricciones migratorias, con despliegues a la frontera sur y hacia una serie de ciudades del país.
Asimismo, el documento publicado esta semana señaló que el Departamento de Justicia solicitó 20 abogados para ayudar a reforzar sus oficinas en Memphis, donde Trump ordenó un despliegue de la Guardia Nacional.
Un total de 12 abogados para Texas —específicamente para las ciudades de El Paso, Del Rio y Midland— y tres abogados y dos asistentes legales para Las Cruces, Nuevo México.
El memorando no detalla el tipo de litigios que se le pedirá que los voluntarios lleven a cabo, pero indica que, de preferencia, los abogados deben tener “experiencia significativa” en derecho migratorio y administrativo, además de experiencia general en litigios.
El Pentágono dijo en un comunicado que estaba “orgulloso de estar hombro a hombro con nuestros socios de las fuerzas del orden, aportando la habilidad y dedicación de los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos para impartir justicia, restaurar el orden y proteger al pueblo estadounidense”.
El Departamento de Justicia también confirmó la autenticidad del memorando, pero no proporcionó detalles adicionales sobre el motivo de su solicitud o lo que harían los abogados.
Al igual que con la solicitud anterior de cientos de abogados militares para trabajar como jueces de inmigración, no está claro de momento qué impacto tendría el retiro de un creciente número de abogados en el sistema de justicia de las fuerzas armadas.
Los abogados, conocidos como asesores jurídicos, tienen una amplia gama de deberes similares a los de los abogados civiles, llevar desde a cabo enjuiciamientos, actuar como defensores y ofrecer asesoramiento legal a los miembros de las fuerzas armadas.
Esta nueva solicitud se produce después de que el Departamento de Justicia solicitó el pasado 26 de septiembre 35 abogados y dos asistentes legales de las fuerzas armadas, según el memorándum. De momento no está claro si ese número era adicional a los 48 abogados solicitados esta semana.
AP también revisó un correo electrónico enviado a los abogados militares el pasado 12 de septiembre en el que se indicaba que el Pentágono buscaba voluntarios para convertirse en asistentes especiales de los fiscales de Estados Unidos en el oeste de Texas y Nuevo México, sin detallar una cifra.
No está claro qué tanto éxito ha tenido el Pentágono al momento de conseguir que los abogados se ofrezcan como voluntarios, pero al menos algunas ramas de las fuerzas armadas ha promovido la iniciativa entre sus abogados a través de mensajes como el enviado por el principal abogado del Ejército.
“Estos roles ofrecen una oportunidad inigualable para perfeccionar su argumentación, procedimientos en una sala de audiencias y conocimientos funcionales del sistema legal federal para su uso futuro en nuestro sistema de justicia militar o en litigios civiles”, señaló el alcalde general Bobby Christine en un correo electrónico al que la AP tuvo acceso.
Christine dijo que el trabajo sería “en apoyo a las prioridades nacionales”.
Sin embargo, el documento de Hegseth afirma que las instituciones de las fuerzas armadas tuvieron hasta el jueves para identificar a los abogados y aludió a que las tropas podían estar sujetas a órdenes de movilización involuntaria.
El Ejército y la Marina no respondieron de momento a preguntas sobre cuántos abogados de sus respectivos servicios están siendo enviados al Departamento de Justicia. La Fuerza Aérea remitió cualquier consulta al Pentágono.
