José Luis Jara/Diálogos Urgentes
Mientras el conflicto de las maestras de estancias infantiles en Sonora se acerca a los 50 días de clausura simbólica del Congreso del Estado y supera ya las dos semanas de huelga de hambre, una pregunta comienza a adquirir relevancia pública: ¿en qué momento la política, es decir la capacidad de los diputados de escuchar y dialogar, se abandonó para recurrir a la judicialización de una demanda social?
¿En qué momento los diputados decidieron desatender este conflicto y dejar que don Jorge García, de 81 años y que tiene ya dos semanas en huelga de hambre, corra el peligro de perder la vida? ¿Se trata acaso de dejar que este movimiento muera por inanición?
La reciente notificación enviada a cuatro maestras para comparecer ante la autoridad ministerial, acusadas de presuntos delitos de desobediencia y resistencia de particulares, abre un debate que trasciende el caso específico. Lo que está en juego no es únicamente la situación jurídica de las manifestantes, sino el mensaje que las instituciones envían a la sociedad cuando una protesta social termina en expedientes ministeriales en lugar de mesas de negociación.
La movilización de las educadoras no surgió de manera espontánea. Se trata de una demanda que, según ellas mismas han documentado, ha recorrido durante años los caminos institucionales sin encontrar respuesta definitiva. Antes de las protestas hubo solicitudes, reuniones, oficios y gestiones. Antes de la huelga de hambre hubo intentos de diálogo. Antes de la clausura simbólica del Congreso hubo una larga espera.
Frente a ello, resulta inevitable cuestionar el papel que han desempeñado los diputados locales. El Congreso del Estado es, por definición, el espacio donde las diferencias sociales deben procesarse mediante el debate, la negociación y los acuerdos.
Cuando un conflicto llega a las puertas del Poder Legislativo y permanece ahí durante semanas sin solución, lo que queda en evidencia es una preocupante ausencia de operación política.
La función de un legislador no se limita a votar iniciativas o asistir a sesiones. También implica construir puentes entre la ciudadanía y las instituciones, generar interlocución y facilitar acuerdos cuando surgen conflictos que afectan a sectores sociales específicos.
Sin embargo, en este caso, la percepción pública es que la respuesta institucional ha sido insuficiente. No se observan esfuerzos visibles para construir una salida política al problema ni para establecer canales permanentes de comunicación con las manifestantes. En lugar de ello, el conflicto parece desplazarse hacia el terreno jurídico.
La judicialización de los movimientos sociales siempre representa un riesgo para la vida democrática. No porque las leyes deban dejar de aplicarse, sino porque el uso del aparato de procuración de justicia puede convertirse, voluntaria o involuntariamente, en un mecanismo de presión sobre quienes ejercen derechos constitucionales.
México reconoce el derecho a la libre manifestación, a la libertad de expresión y a la protesta pacífica. Estos derechos constituyen pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Cuando una movilización social es respondida con citatorios ministeriales, particularmente en momentos sensibles del conflicto, surge inevitablemente la duda sobre si la medida tiene únicamente fines jurídicos o si también genera un efecto inhibidor sobre la protesta.
La coincidencia temporal resulta particularmente delicada. Las comparecencias fueron programadas para el mismo día en que las maestras convocaron a una marcha ciudadana. Aunque jurídicamente pueda existir una explicación administrativa para ello, políticamente el mensaje es desafortunado.
La percepción de intimidación no debe ser minimizada cuando quienes la expresan son mujeres que llevan semanas sosteniendo una protesta pública y cuando una de las personas involucradas mantiene una huelga de hambre que ya representa un evidente desgaste físico.
Más preocupante aún es que el conflicto continúe escalando sin que aparezcan señales claras de mediación institucional. Cuando la política deja vacíos, esos espacios suelen ser ocupados por los tribunales, las fiscalías o las confrontaciones. Y esa nunca es la mejor ruta para resolver demandas sociales.
La historia democrática demuestra que los grandes conflictos colectivos rara vez se solucionan mediante expedientes judiciales. Se resuelven mediante negociación, reconocimiento mutuo y voluntad política.
Por ello, la pregunta de fondo no es si las maestras acudirán o no a la cita ministerial. Ya anunciaron que lo harán. La pregunta verdaderamente relevante es por qué, después de semanas de movilización, no existe todavía una mesa política capaz de construir acuerdos.
El conflicto de las estancias infantiles no debería convertirse en una disputa entre manifestantes y ministerios públicos. Debería ser un asunto atendido por quienes fueron electos precisamente para representar a la sociedad y encontrar soluciones: los diputados.
Porque cuando la política renuncia al diálogo, pierde la democracia.
Y cuando una demanda social termina en la Fiscalía antes que en una mesa de negociación, todos deberíamos preguntarnos qué tan bien están funcionando los diputados del Congreso del Estado de Sonora.
