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Los representantes del PRI y de Somos en el Consejo General pidieron la intervención de la ASF para investigar a las empresas con las que se firmaron contratos
Representantes de partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) exigen investigar a fondo los presuntos actos de corrupción que implican a personas cercanas a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, entre ellas su chofer, y advierten que, de confirmarse la comisión de delitos, estos deben ser sancionados por la vía penal.
En entrevistas por separado con La Aurora, el representante del PRI y diputado federal, Emilio Suárez, y Marco Antonio Baños, del partido Somos, destacan que, aunque el INE es un órgano autónomo, sus operaciones se financian con recursos públicos federales, por lo que cualquier posible desvío o irregularidad en las contrataciones debe ser auditado de inmediato por las instancias de fiscalización.
Por lo tanto, demandan una postura inmediata y clara de la Presidencia del Consejo General, así como una investigación de oficio del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sostienen que se trata de un tema fundamental de “moralidad y honestidad en el ejercicio de la función pública” que impacta directamente en la institucionalidad democrática y pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de la institución de cara al proceso electoral de 2027.
Ante los posibles actos de corrupción, irregularidades en contrataciones y el conflicto de interés generado por el chofer personal de la presidenta, Jonathan Navarrete Torres -quien figura como apoderado legal de la proveedora Corporativo Zeg, vinculada a Cajas Graf -, Marco Antonio Baños suelta:
“¡Ni modo que no supieran que tenían esos antecedentes! Que no digan que no se sabía.
Advierte además que “no se pueden tolerar más este tipo de actos que ponen en tela de juicio la credibilidad ética y moral del órgano garante de la democracia”.
Califica el rol del chofer de Taddei como insólito y enfatiza que Somos no será comparsa ni permitirá que una institución de larga trayectoria como el INE quede reducida al descrédito.
“No es dable que una institución de esa naturaleza tenga señalamientos de posibles hechos ilícitos, se debe aclarar con suficiencia y si se demuestra que hay algún delito debe ser sancionado penalmente, no es posible que sigan los escándalos”.
Por su parte, Emilio Suárez confirma que llevará la exigencia de aclaración directamente a lapróxima sesión del Consejo General para pedir explicaciones públicas a la Presidencia del INE.
El legislador priista demanda que el OIC y la ASF abran “investigaciones de oficio que podrían derivar en responsabilidades administrativas” e incluso penales por el mal manejo del dinero público.
Adelanta que desde la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados promoverá las auditorias necesarias a la administración del instituto.
El escándalo estalló tras revelarse públicamente que Jonathan Navarrete Torres, chofer de Guadalupe Taddei, figura como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa vinculada a Cajas Graf, firmas proveedoras de papelería y materiales electorales del INE.
Ambas compañías arrastran expedientes e investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la ASF y la Cofece por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y prácticas monopólicas.
Los dueños de Corporativo Zeg y Cajas Graf son los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, quienes han obtenido contratos con Taddei desde 2021, cuando encabezaba el instituto electoral en Sonora.
El representante de ambas empresas en 2023 fue Octavio García, quien fue director de administración del INE, ya en la presidencia de Taddei.G
