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¡Con libreta en mano y hablando de millones de dólares! Una nueva investigación de Latinus exhibe a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, reunida con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, presuntamente calculando cuánto dinero le correspondería a cada uno por contratos relacionados con las credenciales para votar.
La grabación, fechada el 16 de febrero de 2026, muestra una conversación sobre porcentajes, cantidades y supuestas ganancias personales. En uno de los momentos más comprometedores se escucha: “Primero lo mío y luego lo tuyo”.
Mientras revisan las cifras, Hernández Casillas comenta: “Yo le había puesto 3.750 más o menos”, y pregunta: “¿Estás de acuerdo?”. En otro momento, al calcular los porcentajes de participación, señala: “De aquí estamos 70, Ramón, y 30 los otros”.
Uno de los negocios mencionados es el contrato para fabricar las credenciales de elector, adjudicado en diciembre de 2025, con un monto máximo de 71 millones de dólares, aproximadamente 1,300 millones de pesos, y vigencia hasta 2031.
Pero eso no es todo. También hablan de servicios de autenticación, códigos QR y la empresa hUbox. Durante los cálculos se escucha: “Son como 15 millones de dólares”. Más adelante, al revisar otra cantidad, Hernández Casillas menciona: “hUbox es un millón 472. Aquí está todo”.
Incluso discuten cuáles contratos les interesan. En la grabación se escucha: “Yo no quiero nada de esto”, mientras revisan asuntos relacionados con servicios de limpieza y credenciales para votar desde el extranjero.
La polémica se suma a las investigaciones sobre contrataciones millonarias del INE y a la exigencia del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien declaró: “La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”.
Estamos hablando de la institución encargada de proteger la confianza en las elecciones de millones de mexicanos. Las conversaciones difundidas por Latinus plantean serias preguntas sobre posibles beneficios personales relacionados con contratos públicos, aunque todavía corresponde a las autoridades determinar si existieron delitos.
¿Dónde está la Fiscalía ante estas revelaciones? ¿Quién va a investigar a fondo esas cuentas millonarias y comprobar si realmente hubo un reparto de ganancias? México merece saber si el presupuesto destinado a las credenciales para votar terminó beneficiando personalmente a quienes debían administrar esos recursos con transparencia.
