Jhonatan Olivas
Informando Sonora
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, bloqueó las cuentas de 40 objetivos, entre ellos 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores de material electoral, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles responsabilidades.
De acuerdo con la información difundida, entre las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas figura Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como José Alfredo Hernández Casillas, contratista de material electoral, y personas relacionadas con su entorno empresarial.
CONTRATOS POR MÁS DE 2 MIL 461 MILLONES DE PESOS
El caso tomó mayor relevancia luego de que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, revelara que entre 2014 y 2025 cinco empresas con presuntos vínculos entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales.
La investigación apunta a posibles mecanismos de simulación de competencia entre compañías que, de acuerdo con las declaraciones del funcionario, tendrían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Entre las empresas señaladas y los montos de contratación reportados se encuentran:
Cajas Graff: mil 72 millones 876 mil pesos en contratos con 21 organismos electorales locales, además de 198 millones 738 mil pesos con el INE.
Corporativo Zeg: 278 millones 717 mil pesos.
Comercializadora JVLY: 208 millones 396 mil pesos.
Formas Finas: 815 millones 961 mil pesos.
Seriplast: 85 millones 123 mil pesos.
BLOQUEO DE CUENTAS NO SIGNIFICA CULPABILIDAD
La UIF explicó que la incorporación de estas personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas responde a operaciones financieras que presentaron elementos de riesgo y ameritan revisión por parte de las autoridades.
También precisó que se trata de una medida administrativa preventiva y precautoria, no de una resolución definitiva sobre responsabilidades. Los afectados conservan sus mecanismos legales de defensa y garantía de audiencia.
LA PREGUNTA QUE EXIGE RESPUESTAS ES: ¿QUIÉN SUPERVISÓ ESTOS CONTRATOS, CÓMO SE ASIGNARON Y QUIÉN GARANTIZÓ QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE UTILIZARAN CORRECTAMENTE?
Cuando se habla de miles de millones de pesos destinados a material electoral, la transparencia no puede quedarse en discursos. La ciudadanía merece conocer quién contrató, quién cobró y si existieron irregularidades en el manejo de los recursos.
La investigación ahora está en manos de las autoridades competentes. Lo que corresponde es llegar hasta las últimas consecuencias, sin privilegios ni protección política.
