Por: Dulce Fajardo / Meganoticias
El diputado local Emeterio Ochoa Bazúa presentó una solicitud formal ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) para que se realice una revisión a la gestión financiera del Ayuntamiento de Cajeme relacionada con la presupuestación, adquisición, distribución, control y comprobación de combustibles y vales de gasolina durante el ejercicio fiscal 2026.
En el documento entregado al organismo fiscalizador, el legislador solicita que se investigue si existieron irregularidades en el manejo de recursos destinados a combustible, particularmente ante señalamientos de que vales asignados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal habrían sido distribuidos a otras dependencias municipales.
Señalan posibles inconsistencias
Entre los antecedentes expuestos, se cita una sesión de Cabildo en la que se afirmó que la Secretaría del Ayuntamiento recibe hasta 400 litros de combustible por semana mediante vales provenientes del área de Seguridad Pública. Además, se señala que algunas comisarías ya cuentan con presupuesto propio para gasolina.
El documento también retoma declaraciones atribuidas al alcalde de Cajeme, quien reconoció la distribución de vales al señalar: “Sí se distribuyen, que sí hay un presupuesto, sí lo hay. Pero pregúntale si les alcanza”. Asimismo, justificó el apoyo argumentando que trabajadores municipales utilizan vehículos particulares para realizar actividades oficiales.
Buscan aclarar cifras y destino de recursos
La denuncia refiere además discrepancias en las cifras públicas sobre el gasto en combustible. Mientras información obtenida vía transparencia reporta erogaciones por más de 52 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, servidores públicos municipales han manejado montos distintos relacionados con el consumo de combustible en Seguridad Pública.
Ochoa Bazúa sostiene que es necesario verificar documentalmente el destino de los recursos y determinar si existieron autorizaciones para eventuales transferencias presupuestales. El legislador precisó que la solicitud “no prejuzga sobre la existencia de irregularidad alguna ni sobre la responsabilidad de persona determinada”, sino que busca que la autoridad competente esclarezca los hechos con base en documentación oficial y garantice certeza a la ciudadanía sobre el uso de recursos públicos.
