La investiga el INE. ¡y la ascienden!

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CIUDAD DE MÉXICO. Karla Sofía Sandoval Domínguez, nombrada la nueva encargada del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, tiene un procedimiento abierto ante el Órgano Interno de Control por irregularidades en un contrato con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), por lo que podría terminar en una destitución.

Incluso, la funcionaria debe comparecer el 26 de noviembre ante la Contraloría Interna.

Sandoval Domínguez, junto con el ex administrador, Jesús Octavio García González; el ex director del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), Jorge Egren Moreno Troncoso; y el ex director de Recursos Materiales, Mario Alfonso Burciaga -los tres últimos ligados a los el polémico proveedor José Alfredo Hernández Casillas-, están acusados de «abuso de funciones».
Esto por contratar, de forma arbitraria, al Ceneval para el examen de ingreso de nuevos empleados, por el que esa dependencia del Gobierno federal cobró 22 millones 371 mil 350 pesos.

En mayo, esa prueba que sería aplicada en línea para ocupar 300 plazas, resultó un desastre, pues se cayó el sistema, y tuvo que realizarse de manera presencial, afectando a 17 mil 291
aspirantes.

De acuerdo con el expediente, de 135 páginas, un particular interpuso la denuncia, y el 3 de noviembre el OIC determinó abrir un procedimiento de responsabilidades administrativas por causas «graves».

Como directora de la Carrera Profesional Electoral, Karla Sofía Sandoval Domínguez, quien administró el contrato, justificó que la contratación del servicio «especializado» debía hacerlo el Ceneval, sin pedir un estudio de mercado.

«Al dar su visto bueno y firmar el dictamen consintió que dicha contratación se llevara a cabo, lo que impidió garantizar al Instituto que ese proveedor ofreciera las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes conforme al artículo 134 Constitucional», señala el documento.

La actuación de los cuatro funcionarios provocó la caída del sistema, el INE realizó el examen de manera presencial, por lo que tuvo que destinar más recursos propios para «corregir las deficiencias» de Ceneval.

«Se causó un perjuicio al servicio público, ya que incumplió con los términos y condiciones pactados en el contrato INE/DEAJ/56/2026, al presentarse fallas técnicas que afectaron el acceso, continuidad y conclusión del examen», apunta.

Incluso, advierte: «Existen indicios de que desde las etapas iniciales del procedimiento dicho proveedor ya se encontraba previamente identificado como destinatario de la
contratación».

Desde sus áreas de competencia García, Moreno y Burciaga usaron sus atribuciones para avalar la contratación sin seguir la norma interna en la materia.

Fuentes del INE aseguraron que este caso podría estar entre las seis denuncias que presentó el organismo ante la Fiscalía General de la República.