Gerardo Ponce de León Ramos / ReportesPDL
La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó la identificación de dos mineros más que fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el campamento La Clementina, parte del proyecto Pánuco, en el municipio de Concordia, Sinaloa.
Con esta actualización, ya suman siete de los diez trabajadores localizados sin vida, todos encontrados en fosas clandestinas en la zona de El Verde, mientras que tres continúan desaparecidos.
Entre los trabajadores que aún no han sido localizados dos son originarios de Sonora:
Francisco Antonio Esparza Yáñez, ingeniero de 67 años con más de cuatro décadas de trayectoria en la industria minera.
Miguel Tapia Rayón, encargado de seguridad del campamento.
El tercer trabajador que sigue desaparecido es Saúl Alberto Ochoa Pérez, ingeniero originario de Chihuahua.
Desde que ocurrió el secuestro, familiares de los trabajadores sonorenses han participado en protestas y exigencias de justicia, particularmente en ciudades con fuerte presencia minera en Sonora, donde el caso ha generado preocupación por la seguridad de ingenieros y técnicos que trabajan en proyectos en otras entidades del país.
Crisis de desapariciones en Sinaloa
El caso de los mineros ocurre en medio de una crisis de desapariciones que se ha agravado en Sinaloa.
De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se reportaron 1,517 personas desaparecidas en el estado. De ese total:
946 personas continúan desaparecidas,
572 fueron localizadas,
y 119 de ellas fueron encontradas sin vida.
Estas cifras muestran que más de seis de cada diez personas reportadas como desaparecidas el último año en Sinaloa siguen sin ser localizadas, mientras que una parte de las búsquedas termina con hallazgos en fosas clandestinas.
La desaparición de los trabajadores de la mina se da además en un contexto de violencia en la sierra sur del estado, donde operan distintas facciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas el grupo conocido como Los Chapitos y organizaciones rivales que disputan el control territorial.
Mientras las autoridades federales y estatales continúan con las investigaciones, familias de Sonora, Chihuahua y otras entidades siguen esperando la localización de los tres mineros que permanecen desaparecidos, en un caso que evidencia cómo la violencia del crimen organizado alcanza incluso a trabajadores del sector minero que laboran en regiones marcadas por el conflicto criminal.
