Gerardo Ponce de León Ramos / Reportes PDL
Hace algunos días las calles se llenaron de fuego, violencia y asesinatos… y es que pasó algo que no muchos esperábamos: las autoridades mexicanas habían abatido a uno de los hombres más poderosos de México, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.
Si bien esto puede sonar como una muy buena noticia y como un golpe duro al crimen organizado, me hizo pensar: ¿por qué siempre que atrapan o matan a un “gran capo” la violencia no disminuye?
No es la primera vez que se elimina a una figura de alto perfil. No es la primera vez que el Estado presenta una captura o una muerte como un golpe histórico. Y, sin embargo, el patrón se repite.
Durante años nos han vendido la historia de que los problemas de seguridad en México y los problemas de adicciones en Estados Unidos tienen nombres, apellidos y siglas criminales.
El problema es que esa historia suele presentarse como si el conflicto fuera externo al sistema, como si el crimen organizado fuera una entidad separada que simplemente hay que eliminar.
La realidad demuestra que no funciona así, porque más allá de los nombres existe un mercado, y ese mercado es binacional.
Mientras las drogas suben hacia el norte, las armas bajan hacia el sur. Esa es la verdadera frontera: un flujo constante en ambos sentidos.
No es solo violencia; es un negocio multimillonario que no se limita a vender droga, sino que mueve dinero, compra voluntades, corrompe instituciones y termina influyendo en decisiones políticas.
Oswaldo Zavala, autor de Los cárteles no existen, habla de cómo imaginar a los “cárteles” como organizaciones perfectamente jerarquizadas alrededor de una sola figura ayuda al discurso oficial, pero no explica la realidad más profunda. Cuando un capo cae, la red no desaparece: se reacomoda, se fragmenta y disputa el territorio.
Posturas de México y Estados Unidos
Si algo ha quedado claro en los últimos años es que la narrativa oficial en ambos países no siempre coincide con la realidad estructural.
Desde Estados Unidos, el discurso suele insistir en que México debe reforzar su seguridad, blindar su frontera y contener la violencia para que no “salpique” al norte. Se habla de cooperación, de presión diplomática y de exigencias para frenar el tráfico de drogas.
México, por su parte, sostiene que el problema no puede entenderse sin mirar el flujo de armas que cruza desde Estados Unidos hacia territorio mexicano; que no puede hablarse de seguridad regional sin asumir la corresponsabilidad en el mercado que existe a ambos lados de la frontera. También se insiste en la soberanía y en que la estrategia debe decidirse desde dentro, no bajo presiones externas.
Ambos discursos tienen algo de razón y ambos omiten algo.
Responsabilidad compartida
Si realmente Estados Unidos está preocupado por la violencia en México —y por su propia seguridad— tiene que reconocer que su papel estructural no es menor:
1.- El flujo de armas desde Estados Unidos hacia México es enorme. Más del 70 % de las armas que utiliza el crimen organizado provienen del país vecino, según datos de la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), y muchas son adquiridas legalmente antes de ser traficadas.
2.- Mientras eso ocurre, la ATF ha enfrentado recortes presupuestales importantes. En la propuesta de presupuesto para 2026 del gobierno de Donald Trump se planteó una reducción cercana al 25–29 %, lo que significa menos supervisión del mercado de armas, menos inspecciones y menor capacidad de rastreo. En otras palabras: se exige seguridad al sur mientras se debilita la vigilancia en el norte.
Esto no hace que México sea una víctima.
Si realmente México quiere sostener que está enfrentando de fondo al crimen organizado y no solo administrando la crisis, también tiene que aceptar que su responsabilidad no es menor:
1.- En México existe una evidente simulación en el combate al crimen organizado. Se anuncian operativos, se presentan cifras, se exhiben decomisos y capturas, pero en muchas regiones las estructuras criminales siguen operando, cobrando piso y controlando territorio. Hay una distancia clara entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
2.- La impunidad y la red de protección que permite la cooperación —directa o indirecta— entre autoridades y grupos criminales sigue siendo uno de los mayores problemas.
Por eso, escuchar que capturaron o eliminaron a un gran capo no es, en sí misma, una mala noticia. El problema es convertirlo en la narrativa central de éxito. Cuando Estados Unidos exige contención sin asumir plenamente el flujo de armas y México anuncia golpes históricos mientras persisten la simulación y la impunidad, lo que tenemos no es una solución estructural, sino una especie de cortina de humo para aparentar avances mientras el problema de raíz permanece intacto.
