Gerardo Ponce de León Ramos / Reportes PDL
Hace unos días, el caso de Leyla Monserrat Lares Becerra, una adolescente de 15 años asesinada en Sonoyta, volvió a poner el foco en la violencia entre menores.
No solo por el crimen, sino por cómo ocurrió. Fue engañada por sus “amigas” quienes la citaron con el pretexto de una sorpresa. La llevaron a una casa, la sentaron en una silla, le vendaron los ojos y la amarraron. Mientras ella pensaba que era parte de un juego, le colocaron una cuerda en el cuello y la asfixiaron hasta matarla mientras todo esto era grabado.
Su cuerpo fue enterrado en el patio de una vivienda en el ejido El Desierto, en Sonoyta, donde además le echaron cal para acelerar su descomposición y evitar que fuera encontrado.
Aunque este caso ocurrió desde septiembre, fue apenas en los últimos días cuando las imágenes y videos comenzaron a difundirse.
La indignación creció en todo el país, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque las responsables —de 15 y 13 años— recibieron sanciones mínimas:
2 años y 10 meses de internamiento para la adolescente de 15 años, y 11 meses de libertad asistida para la de 13.
Y aquí se abre la conversación ¿por qué les dieron esas penas tan mínimas?
El punto de partida es el Artículo 18 de la Constitución, que establece:
“La Federación y las entidades federativas establecerán un sistema integral de justicia para los adolescentes […] en el que se garanticen los derechos humanos […] así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos.”
Es decir, en México, la ley parte de una idea; que un menor de edad, sin importar la gravedad del delito, debe ser tratado bajo un esquema distinto al de un adulto, enfocado más en la rehabilitación que en el castigo.
¿Necesitamos penas dependiendo la edad o la brutalidad de los hechos?
La realidad ya no está encajando con esa lógica. Hoy estamos viendo casos con planeación, con violencia extrema, con intención clara de matar y ocultar el crimen, y aun así el sistema responde igual.
Entonces la pregunta ya no es solo por qué las penas son bajas, sino si el sistema está preparado para este tipo de violencia. Porque no todos los delitos son iguales. No es lo mismo un robo que un homicidio planeado, no es lo mismo un acto impulsivo que un crimen ejecutado paso a paso.
En Sonora, durante 2025, un total de 61 adolescentes fueron detenidos por su participación en distintos hechos relacionados con actividades criminales , a comparación de los 37 registrados en 2024; lo que refuerza que el problema no solo existe, sino que sigue creciendo.
Además, según la fundación Nueva Generación Sonora, en 2024, 126 adolescentes estuvieron internados en el sistema de justicia penal. Los delitos más frecuentes fueron en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos con 53 casos, seguidos de robo con 36, delitos contra la salud relacionados con narcóticos con 23, homicidio con 21 y robo a transeúnte en vía pública con 17.
Hoy la ley sigue midiendo la justicia principalmente por la edad. Pero los hechos están obligando a otra discusión: ¿hasta qué punto la edad debe seguir siendo el factor principal cuando la brutalidad de los actos ya es otra?
