La fiscalía es la primera autoridad con la que una persona tiene contacto cuando es víctima de un delito. De cómo trabajen depende si ese delito se investiga, si llega a tener una resolución, o si simplemente se queda archivado. Por eso medir su efectividad importa; no es un tema solo técnico, es lo que determina si la justicia en Sonora funciona en la práctica o solo en el papel.
Medir esa efectividad es sencillo de explicar, aunque no tan sencillo de lograr. De cada delito que ocurre, ¿cuántos se denuncian? De los que se denuncian, ¿cuántos terminan en una carpeta de investigación? Y de esas carpetas, ¿cuántas llegan a una conclusión real, con alguien señalado formalmente? Esa cadena, delito, denuncia, carpeta, resultado, es la que se analiza en este reporte.
La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reconoce esta lógica en su Política de Persecución Penal (febrero 2021), donde se compromete a dar resultados medibles y prevé un órgano interno, el Comité de Seguimiento y Evaluación de la Persecución Penal (COSEP), encargado de dar seguimiento a esos resultados.
Este reporte usa tres fuentes oficiales del INEGI para revisar, desde la ciudadanía, qué tan efectiva es la Fiscalía en Sonora. El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 documenta los registros administrativos de la propia Fiscalía: cuántas carpetas se abren, cuántas se determinan y con qué resultado; y en su módulo de Estructura Organizacional y Recursos, también registra el personal y el presupuesto con el que opera. La ENVIPE 2025, por su parte, es una encuesta en hogares que estima cuántos delitos ocurren realmente, incluidos los que nunca se denuncian.
Es importante aclarar que estas fuentes tienen metodologías distintas: el Censo son registros administrativos que reporta la propia Fiscalía, mientras que la ENVIPE es una estimación estadística basada en encuestas a hogares. Por eso se presentan en secciones separadas, y solo se comparan en las conclusiones, sin tratarlas como si fueran un solo dato.
