Screenshot
laprensalatina
(LPL) – Un juez federal ordenó temporalmente a las autoridades migratorias limitar la manera en que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden ingresar y detener trabajadores en obras de construcción del sur de Alabama, mientras continúa en los tribunales una demanda que cuestiona las prácticas utilizadas durante estos operativos.
La orden del juez federal Jeffrey U. Beaverstock establece que ICE no podrá ingresar a determinados sitios privados de construcción sin una orden judicial, detener a personas sin evidencia que permita establecer que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos ni mantener detenidos a trabajadores después de que presenten documentos válidos que acrediten su identidad y estatus legal.
La decisión se produce en el marco de una demanda presentada por Leonardo García Venegas, un ciudadano estadounidense que trabaja en la construcción en el condado de Baldwin y que sostiene que fue detenido repetidamente por agentes federales durante operativos migratorios.
Según los documentos judiciales, García Venegas fue detenido en distintas ocasiones pese a mostrar una identificación REAL ID emitida por Alabama. Sus abogados sostienen que los agentes ingresaron a propiedades privadas sin órdenes judiciales y detuvieron a trabajadores basándose en sospechas generalizadas sobre quién podría encontrarse sin autorización migratoria.
El caso ha puesto bajo escrutinio los operativos realizados en zonas de rápido crecimiento de Baldwin County, donde las autoridades federales han llevado a cabo redadas en sitios de construcción.
El Instituto para la Justicia, que representa a García Venegas, sostiene que las prácticas cuestionadas violan las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros y detenciones irrazonables. La organización también afirma que agentes federales han tratado algunos sitios de construcción como áreas abiertas a las que pueden ingresar sin una orden judicial.
La demanda señala que García Venegas fue detenido tres veces en menos de un año. En uno de los incidentes, ocurrido mientras trabajaba, los agentes supuestamente no aceptaron su identificación como prueba suficiente de ciudadanía. En otra ocasión, los agentes lo habrían sacado de un vehículo y esposado antes de liberarlo posteriormente.
El gobierno federal ha defendido la actuación de sus agentes y ha cuestionado los fundamentos legales de la demanda. El caso continúa en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Alabama.
La disputa podría tener consecuencias para otros trabajadores de la construcción que laboran en la región, ya que la demanda busca cuestionar las políticas utilizadas durante este tipo de operativos y obtener protección para personas que, según los abogados del demandante, podrían ser detenidas sin una sospecha individualizada.
