¿Quién debe decidir cómo se utiliza el dinero que los propios ciudadanos aportan voluntariamente? Esa es la pregunta de fondo que Cajeme Cómo Vamos puso sobre la mesa frente al Ayuntamiento de Cajeme.
En un escrito dirigido al alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, al síndico y al Cabildo, la organización ciudadana cuestiona el dictamen que pretende facultar a la Tesorería Municipal para determinar el destino de recursos provenientes de aportaciones voluntarias realizadas por ciudadanos a través del predial y del recibo de OOMAPASC para fortalecer la seguridad pública.
El planteamiento resulta relevante porque no se cuestiona la necesidad de invertir en la Policía Municipal ni de mejorar su equipamiento. Lo que se cuestiona es que un recurso presentado como producto de la voluntad ciudadana pueda terminar siendo decidido exclusivamente desde la estructura gubernamental, sin un mecanismo que permita participar a quienes realizan esas aportaciones.
Cajeme Cómo Vamos incluso pone sobre la mesa un dato preocupante de su Encuesta de Percepción Ciudadana 2025: 67.2% de los ciudadanos encuestados manifestó no confiar o confiar poco en la Policía Municipal.
Ante este escenario, la organización sostiene que el problema no puede reducirse únicamente a comprar equipamiento. También plantea la necesidad de construir confianza, generar incentivos para los elementos policiacos y abrir la posibilidad de que sociedad civil, empresarios y academia participen en un esquema capaz de multiplicar el impacto de los recursos.
Pero el señalamiento más directo está en su petición al Cabildo: votar en contra del dictamen y abrir un proceso participativo para construir un mecanismo transparente sobre el destino de estos recursos.
El fondo de la discusión es sencillo, pero incómodo:
Si el ciudadano aporta voluntariamente, ¿por qué no debería tener también voz sobre el destino de ese dinero?
La carta de Cajeme Cómo Vamos coloca al Ayuntamiento ante una discusión que va más allá de la seguridad pública: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Porque gobernar no solamente implica recaudar y ejercer recursos. También implica explicar, escuchar y generar mecanismos para que la ciudadanía pueda saber dónde termina su aportación y quién decide sobre ella.
Ahora corresponde al Cabildo definir si mantiene el esquema planteado en el dictamen o si atiende el llamado para abrir la discusión a la sociedad.
En Cajeme, el debate ya no es solamente cuánto dinero se destina a seguridad, sino quién tiene la última palabra sobre el dinero que aporta la ciudadanía.
